Este miércoles no fue un buen día para el Banco Popular (y tampoco lo está siendo este jueves). Es cierto que no fue el único que lo pasó mal. El Ibex en su conjunto vivió una de las peores jornadas de los últimos meses. Y dentro del selectivo, los cinco peores valores pertenecían al sector financiero. Pero llama la atención que el mismo día en el que se anunciaba la posible solución para una entidad en problemas el mercado le diera tan poco respiro. A ella y a sus posibles compradoras.
Puede que la culpa no fuera por completo del Popular (la jornada fue mala en casi todas las grandes bolsas mundiales) pero tampoco es un síntoma tranquilizador. La realidad es que los inversores llevan años castigando la acción del banco español, al que se le supone un enorme agujero no del todo declarado en el ladrillo. Y las noticias del martes y el miércoles no han cambiado la tendencia.
Parece extraño estar hablando de esto casi una década después de que estallara la crisis. Pero así es. La onda expansiva generada por la explosión de la burbuja que arrasó con el sistema financiero (sobre todo las cajas) y llevó a España a pedir un rescate a la UE llega hasta aquí. Y eso que durante mucho tiempo la entidad intentó por todos los medios, incluyendo varias ampliaciones de capital que ahora se saben desastrosas, evitar el destino que parece inexorable: su venta a un gran banco extranjero o la absorción por alguno de sus rivales nacionales. ¿Bankia, BBVA, Santander…? Ahora la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿quién se quedará con el Popular? ¿Hay alguna forma de reflotarlo? ¿Vale su potente negocio de banca para empresas suficientemente la pena como para arriesgarse a asumir el agujero del ladrillo? En teoría, antes del 30 de junio debería haber respuesta para la mayoría de estas preguntas.
Lo conocido hasta ahora aclara algo las posiciones, pero sigue planteando numerosas incógnitas. Popular ya ha aceptado que lo más probable es que tenga que encontrar un comprador. Sí, se deja una puerta abierta a la ampliación de capital (según la comunicación que envió a la CMNV), pero nadie considera esta opción demasiado viable. No a estas alturas y con unos plazos tan ajustados: según las fechas que JP Morgan (la entidad a la que el Popular le ha encargado esta operación) ha desvelado, el 10 de junio debería haber tomada una primera decisión y antes del 30 del mismo mes tendría que estar cerrado el proceso.
Pero más allá de las fechas existen pocas certezas. Se habla de que BBVA, Santander y Bankia son los mejor colocados en la parrilla de salida, de que Caixabank y Sabadell se autodescartan y de que ninguno de los grandes bancos extranjeros que en el pasado mostraron algún interés en España estará ahora en la puja. También podría ser que estuviéramos ante una partida de póker en la que nadie quiere desvelar por ahora sus bazas, máxime teniendo en cuenta que las muestras de interés que hasta ahora se han presentado no eran vinculantes. Incluso podría darse el caso de que al precio mínimo que la dirección del Popular parece dispuesta a aceptar (¿3.000 millones?) nadie se sintiera con ganas de hacer una oferta. Porque, además, a todo el proceso le rodean numerosas dudas legales, de negocio e incluso políticas. Las siguientes son sólo algunas de las más relevantes:
- ¿A qué coste? En esto la adquisición del Popular no se diferencia de ninguna otra. Lo que quieren saber los compradores es cuánto vale y en qué condiciones se lo pueden quedar. Como en cualquier venta… El problema es que el balance de la entidad española no es como el de cualquier otra empresa. Y el sector financiero no es tampoco como los demás. Ni en lo bueno, ni (más a menudo) en lo malo.
En este sentido, hay dos cifras que marcarán el éxito o el fracaso de la operación. La primera es cuánto estén dispuestos los actuales propietarios del Popular a aceptar por sus acciones. Saben que no será mucho. Incluso asumen que han perdido buena parte de lo que metieron en el banco. Pero algo querrán recuperar. Tras las caídas de la última semana (lleva un acumulado del -24% en lo que va de año), la capitalización bursátil de la entidad ha bajado de los 3.000 millones. ¿Hay alguien ahí fuera dispuesto a pagar mucho más que eso en concepto de prima de control? Pues no parece.
La segunda cifra clave es la que marca el agujero del balance en lo que tiene que ver con su negocio inmobiliario. Ése ha sido el gran lastre que ha acabado arrastrando al Popular al fondo del mar (la absorción del Pastor, también con mucho ladrillo tóxico, tampoco ayudó). Ahora mismo mantiene más de 36.000 millones de activos problemáticos, buena parte sin provisionar. Las cifras publicadas sobre sus necesidades de capital van de los 4.000 a los 6.500 millones de euros.
Hablando en términos poco técnicos ésa es la cuenta que tiene que hacer su posible comprador: 3.000 millones que pide el Popular, más unos 5.000 que necesita de inyección, a cambio de un banco con una buena red comercial, una plantilla solvente y que es líder en casi todo lo que tiene que ver con las pymes. ¿Merece la pena? Pues dependerá en buena parte de lo complementario que sea con el negocio de la entidad compradora.
- ¿Condiciones? Éste es el tema más espinoso de la operación. Hay que recordar que en los últimos años lo normal ha sido que las entidades que compraban cajas en problemas recibieran algún tipo de garantía por parte del Estado, en forma de esquema de protección de activos. Eso ahora no se plantea, entre otras cosas porque la situación político-económica ya no es la misma pero, sobre todo, porque se supone que el posible comprador tendría que saber lo que tiene y lo que no tiene el Popular en su balance.
Como se ha explicado en las últimas horas, la primera parte de la operación ha consistido en la puesta a disposición de los posibles compradores de información sobre las 80 operaciones más complejas que hay en el balance del banco, una muestra aleatoria de 140 operaciones de crédito y acceso a los expedientes de los activos adjudicados en manos de la entidad. Y a partir de ahora, dará todavía más información a las entidades realmente interesadas. Con este planteamiento de partida, parece complicado justificar un esquema de protección de activos: quien no se fíe de lo que esconde en su balance el Popular o crea que el precio es excesivo para el riesgo, que no puje.
El tema más polémico en toda esta cuestión es la petición de algunas entidades de que el Estado cubra las posibles pérdidas futuras en litigios judiciales relacionados con las ampliaciones de capital de los últimos años. Con el actual clima judicial y las sucesivas sorpresas (negativas) que la banca se ha llevado en los últimos años (preferentes, salida a Bolsa de Bankia, cláusulas suelo…), nadie está muy seguro de lo que podría pasar tras una venta que dejará a los actuales accionistas del Popular con unas sustanciosas pérdidas respecto a la cotización de hace 2-3 años y muchas dudas respecto a las últimas cuentas presentadas. Nadie puede asegurar que no habrá un juez a futuro que no admita alguna reclamación al respecto. Y las entidades quieren que el Gobierno les garantice que no será el comprador el que acabe pagando el pato. Aquí el problema es político. Si ya fue complicado vender a la opinión pública que se inyectase el dinero en las cajas de ahorro, hablar ahora de una garantía pública en una operación entre entidades privadas se antoja muy difícil. No es una cuestión fácil de resolver. Pero no hay nada que complique más una compra (ya se trate de una casa, un coche o un banco) que la incertidumbre judicial respecto a lo que pasará en un futuro.
- La incógnita Bankia. En España hay cuatro grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank y Bankia) y se da por hecho que uno de ellos se quedará el Popular. Como apuntamos anteriormente, el negocio con las pymes de este último es muy atractivo y lleva tiempo en el punto de mira de sus competidores. Pero no todos son iguales. Bankia es una entidad que se gestiona, en teoría, como el resto, buscando beneficios y cuota de mercado, pero que sigue siendo pública. Eso puede tener su importancia, para bien y para mal. Hay quien dice que Luis de Guindos estaría encantado de que el banco de José Ignacio Goirigozarri se quedase con el Popular. Aunque el ministro, cuando le preguntaron, aseguró que el Gobierno tiene "poco que decir" al respecto.
En la parte positiva, hay que decir que la operación tendría sentido industrial: el área de banca de empresas siempre ha sido uno de los puntos débiles de Bankia y saldría muy reforzada. Si además le sumamos la fuerte implantación del Popular en Galicia a través del Banco Pastor y lo que aportará BMN en algunas regiones en las que Bankia tiene una baja cuota de mercado, lo que quedaría tras las posibles absorciones sería una entidad muy potente que, ahora sí, podría enfrentarse de igual a igual a sus tres grandes rivales (en realidad, pasaría a ser líder en buena parte de las métricas de la banca minorista en España). Además, tras la inyección de dinero de 2012 y sus buenos resultados de los últimos años, Bankia es la entidad más capitalizada de nuestro país, lo que le otorga un amplio colchón para absorber las posibles pérdidas futuras del Popular (esa inyección de capital que necesita). Si además la operación se hace con rapidez y Bankia no exige garantías del Estado, pues menos dolores de cabeza para el Ministerio de Economía.
¿Cuál es entonces el problema? Pues precisamente su condición de banco público. En primer lugar, la integración del Popular en Bankia tendrá en contra a buena parte de la opinión pública y se venderá en muchos ámbitos como un nuevo rescate público a la banca, esta vez a una entidad privada. Tampoco está nada claro que Bruselas contemple esta alternativa con buenos ojos, quizás porque en la capital comunitaria pueden llegar a pensar que es una forma de retrasar (otra vez) la privatización a la que se comprometió el Gobierno. También es cierto que el 30 de junio Bankia queda liberada de sus limitaciones en este aspecto (han pasado ya los cinco años que se acordaron con la UE) y en teoría puede acudir al mercado exactamente igual que cualquier otra entidad.
Por otro lado, las cuentas dicen que tras la absorción del Popular, se diluiría la participación del Estado, que caería por debajo del 50% (Cinco Días apuntaba este miércoles que ésta era la razón por la que De Guindos apostaba por la operación, para sanear Popular y privatizar Bankia, aunque fuera parcialmente, de un solo golpe). Y también es cierto que puede tener sentido pensar que la entidad resultante, líder del sector en España y con un negocio sólido en todas las áreas será más fácil de colocar a un gran inversor extranjero: vamos, que sería más sencillo privatizar el 35-40% de la fusión Bankia-BMN-Popular que el 66% de la actual Bankia. Eso sí, por ahora nadie habla de cuál sería la fórmula a través de la que se produciría la integración.
Para juzgar todo esto habrá que ver cuáles son la condiciones que se ponen encima de la mesa (si es que al final hay una oferta). Aquí la clave es si se hace una valoración real de mercado (con una cuenta parecida a la que hacíamos antes de costes/beneficios) o Bankia se acaba comiendo un problema a un precio generoso para salvar la papeleta a un Gobierno que no quiere ni oír hablar de un Popular sin comprador y en quiebra. No parece que ésta última sea una opción muy querida en Bankia ahora mismo. Desde que llegaron, los actuales gestores siempre han buscado mejorar la posición de solvencia de su entidad. Y lo han conseguido. Pagar por el Popular un precio que no esté justificado (o mirar para otro lado a la hora de analizar el agujero real y sus posibles problemas futuro) podría poner en riesgo ese logro. Goirigolzarri siempre ha asegurado que todas sus decisiones se han tomado con total independencia y siguiendo un único criterio: crear más valor para todos los accionistas, exactamente igual que cualquier otra entidad privada.
Aquí hay una cuestión muy delicada y que tanto Bankia como el Gobierno deben valorar: incluso si se hace una estimación de mercado de los activos del Popular y de sus necesidades de capitalización, siempre existirá el riesgo de que las cosas no vayan como se preveía, lo que podría impactar en el resultado y el valor del nuevo banco. Se supone que el objetivo de los gestores de Bankia es recuperar el máximo de los 22.000 millones de dinero público inyectados. Y para lograrlo necesitan más beneficios y ejecutar la privatización al precio más alto posible. La fusión con el Popular, ¿acrecienta el valor actual de Bankia por las sinergias y el negocio que aporta? ¿O los riesgos asumidos y las necesidades de capital hacen que no merezcan la pena los beneficios? Estas son las dos preguntas que debe responder el equipo de Goirigolzarri. Si la respuesta es positiva (hay valor en la operación), hay que dar un paso adelante y no hacerlo perjudicaría al contribuyente (que es el propietario de Bankia en última instancia). En caso contrario, hay que negarse, incluso aunque haya presiones políticas, que no tendría por qué ser el caso.
En los últimos años, en el sector no siempre se han valorado de forma positiva algunas de las iniciativas de Bankia (como su actitud con las cláusulas suelo o la oferta por BMN) y se ha culpado de estas decisiones a su carácter de entidad pública. No es ningún secreto: varios de sus rivales han insinuado en público que algunas medidas se han tomado con criterios más políticos que de lógica empresarial. Por ejemplo, cuando Francisco González dijo que a él también le gustaría "ser Papá Noel" con el tema de las cláusulas suelo. Ahora, esas reticencias podrían volver. No hay ninguna duda de que una oferta por el Popular sería la decisión más importante que habría tomado Goiri en estos cinco años. Y no tiene una respuesta nada sencilla.