Los taxistas han organizado este martes una jornada de paro a nivel nacional para protestar contra Uber y Cabify, protagonizando una marcha por el centro de Madrid, bajo el argumento de que las citadas compañías ejercen una "competencia desleal" e incumplen la legislación vigente. Lo cierto, sin embargo, es que las quejas de los taxistas no sólo son infundadas y falaces, sino que persiguen como único objetivo blindar el arcaico y perjudicial monopolio que ejerce el gremio del taxi en España desde hace décadas. Es decir, este conflicto, a diferencia de lo que declaran los taxistas, no tiene nada que ver con las supuestas irregularidades que imputan a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sino con su intención de cargarse a la competencia para mantener intacta la privilegiada y muy rentable posición que mantienen los dueños de las licencias de taxi.
No es una cuestión de "competencia desleal", sino de pura y simple competencia, ya que ambos sectores están regulados y cada cual funciona bajo su particular régimen de licencias. Unos son taxis y otros VTCs, pero cada cual actúa bajo los límites y condiciones que establece la ley. Uber y Cabify son compañías totalmente legales y sus conductores cuentan con la licencia correspondiente para poder trabajar.
Caso distinto es el de UberPop, el servicio con el que irrumpió inicialmente la compañía estadounidense en España, por el cual conductores particulares sin licencia transportaban pasajeros, pero que ya fue prohibido cautelarmente por la Justicia a finales de 2014 tras la denuncia que presentó en su día una asociación de taxistas de Barcelona. El servicio UberPop es, precisamente, el que está estudiando ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero la clave es que su sentencia no afectaría en nada a Uber ni Cabify, ya que ambas operan en España con licencias VTC, perfectamente legales y estrictamente reguladas. Así pues, ¿ilegalidad?, ¿dónde?
La mentira de una VTC por cada 30 taxis
Tanto es así que hasta los propios taxistas reconocen que las VTCs son legales. El problema, según alegan, es que incumplen la normativa actual por la que debería haber una licencia VTC por cada 30 taxis (1/30). En la actualidad, España cuenta con un total de 70.223 licencias de taxi y 5.654 VTCs, con lo que el ratio se sitúa en un vehículo con conductor por cada doce taxis (1/12), mientras que en Madrid trabajan 15.726 taxis frente a 2.223 VTCs, lo que hace un ratio de 1/7, en lugar de 30. Sí, y, sin embargo, los taxistas mienten o, al menos, ocultan una parte clave de la verdad.
¿Y cuál es, entonces, la realidad? Pues que fue el PSOE, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el que liberalizó el sector de VTCs mediante la aprobación de la ley ómnibus sobre el libre acceso a las actividades de servicios a finales de 2009. Hasta entonces, regía el criterio 1/30 que reclaman ahora los taxistas. En concreto, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de 1987 y su posterior reglamento fijaron esa arbitraria limitación tras al presión ejercida por el lobby del taxi para mantener a raya a la competencia. ¿Y por qué 1/30? Porque, posiblemente, por entonces ése era el ratio que existía entre ambos sectores.
Sin embargo, todo cambió en 2009, cuando se liberalizó la concesión de licencias VTC sin ningún tipo de límite. La apertura, si bien fue mal acogida, no levantó las airadas protestas que se ven hoy por las calles por la sencilla razón de que Cabify apareció después, en 2011, y Uber no aterrizó en España hasta 2014. Hasta la llegada de las nuevas plataformas tecnológicas, los vehículos con chófer constituían un servicio bastante marginal, concentrado, básicamente, en el alquiler de limusinas, de modo que no suponían una competencia para el taxi.
Pero esta situación cambia por completo gracias a la revolución tecnológica que está teniendo lugar en el sector del transporte. Fue entonces cuando el taxi se vuelve a levantar en armas y el muy corporativista y liberticida PP, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, empieza a implantar de nuevo las antiguas restricciones favorables al monopolio del taxi. Así, los populares reforman la LOTT en 2013 para volver a establecer límites a la concesión de licencias VTC (artículo 48.2), pero no es hasta la aprobación del desarrollo reglamentario de dicha ley, a finales de 2015 -justo antes de las elecciones generales, ¿casualidad?-, cuando vuelve a entrar en vigor el absurdo ratio 1/30.
[…] el órgano competente [comunidades autónomas, en este caso] podrá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte en su territorio.
Se entenderá en todo caso que se produce una situación de desequilibrio, y en consecuencia procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, cuando la relación entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.
Es decir, entre 2009 y finales de 2015, la concesión de VTCs se dispara porque así lo permite la ley, de modo que no existe ningún incumplimiento normativo ni conspiración judeo-masónica por parte de autoridades y malvadas multinacionales para saltarse el citado límite, tal y como argumentan los taxistas. Las autonomías ya no conceden nuevas licencias VTC, pero, como las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo -salvo contadísimas excepciones-, los tribunales están otorgando a sus legítimos propietarios las autorizaciones que solicitaron antes de la reimplantación del criterio 1/30 por parte del PP. Además, los taxistas olvidan que ese límite se puede superar en todo caso, ya que la ley también señala lo siguiente:
[…] aquellas comunidades autónomas que, por delegación del Estado, hubieran asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, podrán modificar la regla de proporcionalidad señalada en el párrafo anterior [ratio 1/30], siempre que la que apliquen sea menos restrictiva que esa.
Las autonomías pueden, pues, ampliar legalmente el número de licencias actuales, pero el problema es que no quieren para evitarse problemas con los taxistas, lo cual da buena cuenta de la falta de convicciones ideológicas y la profunda cobardía que profesan la inmensa mayoría de políticos en España. ¿Interés general? ¿Dónde?
Y ello, sin contar que el famoso reglamento que aprobó el PP en 2015 ha sido recurrido ante los tribunales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque "reduce la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros y blinda el régimen de monopolio en los servicios de taxi, frenando la innovación en el sector". La Justicia deberá ahora decidir al respecto. No es casualidad, por tanto, que los taxistas se manifiesten ahora. Su principal objetivo es que el citado recurso decaiga y que, en todo caso, al Gobierno del PP ni se le ocurra liberalizar un ápice más el sector, de lo cual no deberían preocuparse lo más mínimo dado el profundo intervencionismo del que hacen gala en Moncloa.
No captan clientes en la calle
La tercera gran mentira del taxi, más allá de la manida "competencia desleal" y del ratio 1/30, tiene que ver con la captación de clientes en la calle. Esta acusación cae por su propio peso, puesto que las VTC, debido a la naturaleza íntegramente digital de las aplicaciones, tan sólo prestan el servicio si ha sido contratado previamente a través de un medio telemático. De hecho, el proceso se produce de forma muy diferente a como sucede con el taxi, puesto que es el pasajero el que reclama un conductor para solicitar un viaje mientras la VTC circula o está estacionada, nunca al revés. Los trabajadores de Uber y Cabify no dan vueltas por la ciudad en busca de clientes, sino que esperan a que los viajeros soliciten sus servicios por vía telemática. El 90% de los servicios del taxi, por el contrario, es captación directa en la calle, lo cual está prohibido para las VTCs.
Pagan nueve veces más impuestos
La polémica respecto al pago de impuestos también ha sido ampliamente usada por parte de los taxistas para criticar a estas plataformas, pero los datos, una vez más, no avalan sus argumentos. Desde Unauto VTC, que aglutina a 80 empresas del sector, aclaran que, a diferencia de lo que se dice, "la realidad es que la gran mayoría de taxistas en España se acogen al régimen fiscal de estimación objetiva, la llamada tributación por módulos, que les ofrece enormes ventajas fiscales. Esto conlleva que la mayoría de taxistas no pague ni 1.000 euros al año en impuestos, lo que supone un mínimo de 9 veces menos que una VTC con una actividad similar".
"La contribución del sector del taxi a las arcas públicas ha sido uno de los argumentos más usados para justificar sus altas tarifas, cuando la realidad es que el sector del taxi es de los que menos impuestos paga en España", añaden. Los vehículos VTC, por el contrario, tributan por estimación directa, es decir, sobre el beneficio anual real derivado de la prestación de servicios de transporte y con una transparencia total, puesto que todas las transacciones se llevan cabo mediante tarjeta de crédito, mientras que la mayoría de los servicios de taxi se cobra en metálico.
Los mayores especuladores son los taxistas
Como consecuencia, "en España un propietario de licencia de taxi sin conductores asalariados paga al menos 9 veces menos impuestos que un conductor de VTC que realiza un volumen similar de kilómetros anuales", señala la entidad. Por último, entre otras peticiones, el gremio de taxistas quiere que se prohíba la "especulación con la compraventa de licencias VTC" porque la concesión administrativa es casi gratuita y luego se revende a 40.000 ó 50.000 euros.
La hipocresía del sector en este ámbito no puede ser mayor, puesto que los taxistas también revenden sus licencias a precios desorbitados, gracias, precisamente, a la inexistencia de un mercado libre. La escasez de licencias y la alta rentabilidad de las mismas por la ausencia de competencia hace que el precio para poder entrar en el gremio supere los 140.000 euros en Madrid o los 220.000 en San Sebastián, tal y como recoge un informe de la CNMC.
A este respecto, cabe recordar que las licencias de taxi llevan congeladas en España desde hace décadas e incluso han caído de las 72.000 existentes en 1994 a las 70.000 actuales, a pesar de que tanto la población como la llegada de turistas ha aumentado en varios millones de personas durante este período. En el caso concreto de Madrid, la última gran ampliación de licencias se produjo en 1975, ante una fuerte oposición del sector, pasando de 10.400 a 15.000, cifra muy próxima a la que existe hoy (15.726).
Oferta congelada y demanda creciente se traduce en licencias muy caras en el mercado secundario, en provecho de los que ya están dentro, puesto que los taxistas suelen vender o arrendar esa autorización a otros conductores cuando se retiran, siendo, por tanto, los mayores especuladores en este ámbito. La huelga de hoy, en definitiva, no es para denunciar las inexistentes ilegalidades que cometen Uber o Cabify, sino para blindar un lucrativo modelo de negocio cuyo eje pivota, única y exclusivamente, sobre el mantenimiento de un viejo y anómalo monopolio administrativo.
España e Italia son los países más restrictivos de Europa en cuanto a taxis y VTCs. Los taxistas quieren, simplemente, que las cosas sigan igual, que millones de españoles no se puedan beneficiar de los avances y beneficios que otorgan las nuevas tecnologías para moverse libremente por la ciudad en coches de alta gama y a precios mucho más baratos. El resto son cuentos.