En Libertad Digital hemos demostrado con cifras que, desde 2010, las pensiones máximas no dejan de descender respecto a las bases de cotización equivalentes. Once puntos porcentuales es lo que han perdido los pensionistas tan solo en estos siete años. Pues bien, explicamos ahora que también el arco en el que se mueven las pensiones públicas no deja de reducir su amplitud. Hace tres décadas, la pensión máxima de jubilación equivalía a siete veces la mínima, mientras que en estos momentos solamente es cuatro veces más elevada.
Esta anomalía del sistema público de pensiones se ha venido agudizando en un periodo en el que las cotizaciones a la Seguridad Social no han dejado de crecer, en número e importe, por lo que cabría esperar justo lo contrario, es decir, que las pensiones contributivas estuvieran cada vez más alejadas de las que se otorgan con carácter subsidiario a las personas sin apenas cotizaciones acreditadas. Este hecho apuntala la injusticia de un sistema de previsión que no genera derechos futuros, sino que, por lo contrario, los hace depender de la voluntad de los políticos que en cada momento estén al frente del Gobierno.
Esta discrecionalidad de los políticos para decidir sobre el futuro de todos solo es posible porque la pensión de los jubilados no proviene de su ahorro, sino de las rentas que en el momento en que las perciben están generando los trabajadores en activo. Se produce así una sistemática y forzosa transferencia de renta desde la base de la pirámide –los trabajadores– a la cúspide –los jubilados–. Así es como funcionan, de hecho, las famosas estafas piramidales, perseguidas por la ley salvo cuando son utilizadas por los políticos para vaciar el bolsillo de los ciudadanos.
La cuestión de fondo –que nadie se atreve a plantear– es la necesidad de cambiar el modelo vigente por otro que permita una mejora sustancial de la calidad de vida de los pensionistas, tal y como ya ha sucedido en otros muchos países que han adoptado sistemas basados en la capitalización. De esa manera, el futuro pensionista contaría con su propia hucha como base de su jubilación, sin temer a los vaivenes de la coyuntura política o a los ciclos de la economía, como ocurre ahora.
Pero la consecuencia más positiva, sin duda, es que los pensionistas no tendrían nada que agradecer a los políticos del momento, que ya no podrían utilizar una revalorización misérrima de unas pensiones ridículascomo herramienta electoralista. Por desgracia para los jubilados españoles, esto es precisamente lo que ningún partido político está dispuesto a tolerar