El Gobierno de Sudáfrica ha decidido elevar al 30% desde el 26% actual el umbral mínimo de propiedad de las minas del país en poder de ciudadanos negros, según ha anunciado el ministro sudafricano de Recursos Minerales, Mosebenzi Zwane, mientras que la patronal del sector ha expresado su rechazo a la medida y buscará la suspensión de su entrada en vigor.
"Esta 'Carta Minera' supone un instrumento clave para un cambio radical que garantice que trabajadores y comunidades reciben una parte justa del desarrollo económico derivado de la explotación de los recursos minerales", indicó Zwane. La 'Carta' impone además una participación negra mayoritaria de al menos el 50% más una acción en las nuevas prospecciones mineras y exige una participación mínima del 8% de los trabajadores en las empresas del sector.
Asimismo, el texto requiere a las empresas mineras sudafricanas que sus consejos de administración cuenten con al menos un 50% de representantes negros, incluyendo un 25% de mujeres negras, mientras que el 75% de la plantilla en la escala de gestión deberá ser de raza negra y el 88% en el nivel junior.
"En los últimos 100 años el sector ha realizado muchas contribuciones positivas al desarrollo de nuestra economía y algunas de las infraestructuras e industrias que prosperan hoy son consecuencia directa de la minería", indicó Zwane en una rueda de prensa donde, sin embargo, añadió que también se han producido efectos no deseados, con una creciente desigualdad y pobreza.
Por su parte, la Cámara de Minas de Sudáfrica, que defiende los intereses de las empresas del sector, ha expresado su rechazo al "desarrollo unilateral y la imposición" de la Carta a la industria y ha anunciado su intención de solicitar un interdicto para la suspensión de su entrada en vigor.
A este respecto, el 'lobby' minero sudafricano lamenta que, a diferencia de normativas anteriores, la Carta se haya elaborado sin consenso del sector, subrayando que actualmente los miembros de la Cámara de Minas de Sudáfrica han alcanzado una propiedad negra media del 38%, frente al 26% contemplado en la legislación en vigor.
"Sería irresponsable que la industria accediera a objetivos impracticables y a instituciones innecesarias que no se sostienen sobre bases reales", declaró el presidente de la organización empresarial, Mxolisi Mgojo, quien expresó la resolución de la Cámara y sus miembros para defender los intereses de la industria y del país.