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Un modelo diferente (y más justo) para financiar la universidad pública

Un nuevo estudio plantea un sistema de créditos para los estudiantes similar al del Reino Unido: cada uno se paga la carrera tras graduarse.

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Un estudiante, en la biblioteca de su facultad. | Pixabay/CC/geralt

¿Cuánto pagan los estudiantes por sus estudios universitarios? Pues depende de la carrera, el curso y la región en la que vivan, pero según los rectores en su informe La Universidad Española en Cifras 2014-2015, las tasas sólo cubren el 17% de los ingresos corrientes (ver página 237 del informe) de las universidades. Además, un 27% de los estudiantes está becado. Como explicábamos hace unos meses en Libre Mercado, cuando nos preguntábamos quién debería pagar la educación superior, esto quiere decir que ahora mismo el 100% de los universitarios españoles está becado y la ayuda media equivale más o menos al 83% del coste de los servicios que recibe. Luego, además, el 27% recibe una beca extra que le compensa por hasta el 100% del gasto. A Ángel de la Fuente y José E. Bosca, en este estudio sobre gasto educativo en España en 2010, les salían unas cifras similares: 7.283 euros al año de coste por alumno en una facultad pública con alrededor de 1.000 euros aproximadamente cubiertos con las tasas. Vamos, que a todos los universitarios de la pública los contribuyentes nos han pagado más o menos entre el 80 y el 90% de nuestra carrera.

A lo largo de esta crisis, las tasas han subido. En el curso 2008-09, el coste medio en primera matriculación en primero de carrera no llegaba a los 800 euros. Ahora está cerca de los 1.100. Y con el encarecimiento, han llegado las protestas. Nadie está de acuerdo con esta subida. El Gobierno asegura que la aprobó porque no le quedaba otro remedio. La oposición le acusa de querer expulsar de las aulas a los hijos de las familias de ingresos bajos. Salvo excepciones, los medios han sido muy críticos con una medida que, aseguran, pone en riesgo la equidad del sistema y la posibilidad de seguir con sus estudios de miles de nuestros jóvenes. Y eso que nadie ha hablado (bueno, Libre Mercado sí) de la posibilidad de que sea el estudiante el que se haga cargo del coste total de sus estudios, por ejemplo a través de préstamos que luego devolverían una vez tuviesen un empleo y un sueldo.

El pasado lunes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) organizaba en el campus de Madrid de la Universidad Carlos III unas jornadas sobre Financiación Universitaria: Evidencia internacional sobre opciones de Política para la próxima década. Fue un día realmente interesante, con varias ponencias excelentes. La última estuvo a cargo de Antonio Cabrales (University College de Londres) y Maia Güell (Universidad de Edimburgo) con el título de Simulating a progressive loan system for Spain with real labor market data. La idea es analizar cuáles serían las implicaciones de un sistema de créditos a los estudiantes similar al que se puso en marcha en Reino Unido hace unos años.

El modelo recoge varios posibles escenarios, pero el planteamiento base podría resumirse más o menos así:

  • cada estudiante adquiriría con su Gobierno una deuda equivalente al coste total de sus estudios
  • una vez que trabaje y tenga ingresos por encima de un determinado nivel, estará obligado a devolver ese crédito
  • ¿cuánto y cuándo?: como decimos, hay muchas posibilidades, pero el escenario base que plantean los autores supone dedicar el 10% de los ingresos a partir de los primeros 15.000 euros de sueldo. Así, alguien que gane 20.000 euros al año tendría que pagar 500 euros al año.
  • a los 25 años, la deuda quedaría saldada (si el antiguo estudiante no ha tenido ingresos suficientes como para cubrir el total, quedaría exonerado por la parte no pagada)

Las cifras pueden variar. Habrá quien crea que un 10% es demasiado. O quien piense que se debe subir el límite mínimo, quizás hasta los 22.000 – 25.000 euros. Pero el principio es el mismo: que cada uno se pague sus estudios superiores. No sus padres. Ni el hijo del obrero (como dicen algunos demagógicos eslóganes) ni el del millonario tendrían que mirar la cuenta corriente del progenitor para saber si pueden seguir estudiando. Porque no serán sus familias las que tengan que rascarse el bolsillo, sino ellos mismos, una vez que trabajen y tengan ingresos. Con el salario que ganan gracias en parte a esa universidad que los contribuyentes les han costeado, devuelven a esos mismos contribuyentes el esfuerzo realizado.

Porque aquí hay una cuestión fundamental, que casi nunca entra en el debate. La universidad es un bien de lujo que utilizan fundamentalmente las clases altas. Las clases altas del pasado, pero también las del futuro. Porque todas las estadísticas dicen que un título superior incrementa el sueldo previsto a lo largo de la carrera laboral. Incluso en ocupaciones similares, un titulado puede esperar ganar algo más que su compañero de oficina que no se graduó. No sólo eso, es que, además, lo lógico es que no tengan ocupaciones similares, porque muchos de los mejores puestos están reservados a los que obtuvieron el título universitario. Desde un punto de vista de impuestos y gasto público, pocas partidas hay más regresivas que la que financia la universidad pública.

En este planteamiento, además, caben muchas alternativas. A mí, por ejemplo, no me importaría que se diseñase una especie de seguro por generaciones, que hiciera que aquellos universitarios que superen un umbral de renta muy elevado (por ejemplo, 100.000 -150.000 euros al año) paguen un poco más de lo que les toca (¿un 125%?) para cubrir los previsibles impagos de algunos de sus compañeros de promoción. Incluso se podría plantear la opción de añadir un extra al crédito, para cubrir parte de la manutención del estudiante durante sus años en la facultad (una especie de sueldo por estudiar, unido siempre, eso sí, al rendimiento académico).

Cabrales y Güell creen que tiene numerosas ventajas: supone un ahorro para el Gobierno (tanto para bajar impuestos como para cubrir otras necesidades del Presupuesto); no implica una barrera de entrada para nadie porque todo el que cumple los requisitos académicos para matricularse puede acceder al crédito; la experiencia en el Reino Unido nos indica que no ha supuesto una reducción de las matriculaciones en función de los ingresos de los padres; implica un reparto del Presupuesto más progresivo; si no ganas lo suficiente no tienes que pagar el crédito, por lo que no supone una carga excesiva para los jóvenes con sueldos bajos; las universidades tienen más recursos y autonomía, por lo que pueden contratar mejores profesores y subir la calidad de sus títulos…

Como puede verse, ésta es una medida que debería atraer a los socialdemócratas pero que desde un punto de vista liberal también tiene muchos elementos atractivos: más responsabilidad para un estudiante que pasa de ser sujeto pasivo a cliente exigente; más competencia entre centros que ya no dependen del Presupuesto y el Gobierno de turno para todo; un ahorro en una importante partida presupuestaria que facilitaría la bajada de impuestos. Y, desde luego, no tiene por qué suponer un recorte en las oportunidades de acceso a la educación superior de los hijos de las familias de ingresos bajos. Más bien al contrario: ahora mismo muchos de ellos deben pagar esas tasas de las que hablamos antes y también su manutención (que puede ser muy elevada si quieren ir a un centro que no sea el de su lugar de origen). Con un sistema de créditos bien diseñado, sería hasta más sencillo que estos jóvenes se pudieran plantear ir a la universidad sin ninguna restricción.

La idea parece lógica. La universidad es un servicio que usamos con dos objetivos fundamentales: formarnos en el más amplio sentido de la palabra y mejorar nuestras perspectivas en el mercado laboral. Son dos metas muy loables. Y tiene sentido que muchos pensemos que esos 4-5 cursos en la facultad nos ayudarán a lograrlas. Lo que no es tan evidente es que el resto de los contribuyentes (por ejemplo, nuestros compañeros que decidieron optar por otro camino en la vida) deban regalarnos el coste de esos años a los que nos matriculamos en Derecho, Economía, Periodismo o Ingeniería Aeronáutica.

P.D.: no sé si los autores del paper tienen alguna esperanza en que algo así pueda aprobarse en nuestro país en los próximos años. Yo no tengo ninguna. No creo que en la España actual nadie más esté dispuesto a poner esta reforma sobre la mesa. Desde luego, ningún partido con opciones reales de llegar al Gobierno. Entre otras cosas porque sería masacrado en los grandes medios (que si quiere privatizar la universidad, que si quiere expulsar a los hijos de los pobres…).

Muchas veces me he preguntado si tiene algo que ver que políticos y periodistas, los dos colectivos que marcan la agenda pública, sean también dos de los grupos más beneficiados por el actual modelo de financiación de la universidad. Porque tanto ellos como sus hijos han sido o serán becados. Y sí, repito, incluso los estudiantes de la pública que hemos pagado las tasas hemos recibido una ayuda equivalente al 80-90% del coste de nuestra matrícula. Es ese 83% del que hablábamos antes para el curso 2014-15 que no se cuenta cuando se habla de becas, pero que es muy real. No creo que ni los líderes de los partidos ni mis compañeros periodistas sean del todo conscientes. Yo creo que, en su gran mayoría, unos y otros son sinceros y defienden sus posturas por convencimiento más que por conveniencia personal. Pero incluso así, estoy seguro de que su experiencia personal (e intuir lo que implicaría para ellos mismos un cambio de modelo) es importante también en esto.

En Libre Mercado

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