Menú

Las patronales estallan contra el impuesto catalán al azúcar: "Es una aberración"

Desde los agricultores, hasta los distribuidores, este lunes se han dado cita todas las patronales a las que les afecta la medida.

0
Entró en vigor el 1 de mayo | Europa Press

El pasado 1 de mayo entró en vigor el impuesto catalán a las bebidas azucaradas. Refrescos, zumos, néctares, bebidas energéticas, isotónicas, batidos… La lista de productos que resultan afectados por el nuevo gravamen es infinita.

Solo las versiones light y zero se libran del primer impuesto a los refrescos en nuestro país. Inspirados en el tipo que ya se aplica en Reino Unido, el Gobierno autonómico ha empezado a gravar con 8 céntimos de euro por litro a las bebidas que contengan entre 5 y 8 gramos de azúcar añadida por cada 100 mililitros. Sin embargo, las bebidas que posean más de 8 gramos de azúcar por esos 100 mililitros pagarán 12 céntimos por cada litro. Con esta tasa, las arcas catalanas ingresarán 40 millones de euros extra en 2017, según los cálculos del Ejecutivo regional.

Desde los agricultores, hasta los distribuidores, pasando por los hosteleros, este lunes se han dado cita en Madrid todas las patronales a las que les afecta la medida catalana. Doce en total. En pie de guerra contra el impuesto autonómico y de forma conjunta, han pedido al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad para anularlo.

Se apoyan en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para asegurar que "esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución". Explican que el impuesto se aplica aunque el que suministra las bebidas azucaradas al establecimiento que las dispensa al consumidor se encuentre fuera de Cataluña.

Además, consideran que "presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición". El estudio también advierte de que este tributo obliga a asumir "cargas desproporcionadas a las empresas" y que afecta a la "seguridad jurídica".

"No hay evidencias científicas que demuestren que los impuestos ayudan a reducir la obesidad. Están estigmatizando un producto que por sí mismo no es perjudicial, el problema es la cuantía que se ingiere", ha asegurado el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo. Esta medida "es simplista, discriminatoria y perjudicial para el sector", añade García de Quevedo, quien considera que su objetivo responde a un mero "afán recaudatorio" con "la excusa de la salud".

¿Y mañana la carne?

"¿Quién dice que mañana no será la leche, los yogures o la carne?", se ha preguntado el presidente de Asaja, Pedro Barato. El impuesto es "una aberración y una barbaridad" ha añadido. El principal perjuicio de esta medida para la agricultura está en el sector remolachero en un momento en el que se afronta un nuevo modelo sin cuotas de producción fijado por la Unión Europea para el mes de octubre de este año.

El presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha querido destacar la "distorsión" que supone el impuesto "para el funcionamiento y la logística de las empresas" de la distribución. Del Pino ha denunciado que, para vender en Cataluña, las compañías tengan que hacer un repaso "de cada producto uno a uno" con los "costes administrativos" que eso implica. Aseguran que están teniendo problemas para calcular la cuantía de azúcares añadidos que tienen algunas bebidas como los zumos, ya que cuentan con azúcares propios de la fruta que no tendrían que tributar y no los desglosa su etiquetado.

Por ejemplo, el caso de la Coca-Cola está claro porque todos sus azúcares son añadidos. En el etiquetado de sus envases figura que cuentan con 10,6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Suponiendo que una botella de Coca-Cola cuesta 1,40 euros, el producto se enfrentaría a una tasa de 0,24 céntimos. Así, su precio final se encarecería hasta los 1,64 euros en el supermercado, aunque en otros canales, como la hostelería, los precios son mayores. En el caso de la Fanta de Naranja, el cálculo no sería el mismo, aseguran, ya que habría que restarle el azúcar "natural" de la propia naranja y tienen dificultades para obtener esos datos.

Los representantes del sector temen además que esta nueva política fiscal sobre los alimentos "se extienda a otros productos y a otras Comunidades Autónomas, suponiendo unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inasumibles para las empresas".

De hecho, el Gobierno canario ya ha anunciado que pretende gravar las bebidas azucaradas, pero también la bollería industrial en el marco de su reforma fiscal. La Comunidad Valenciana también lo estudia.

A nivel estatal, el Gobierno se planteó aprobar un impuesto al azúcar el año pasado, pero finalmente lo descartó. Mauricio García de Quevedo cree que "no hay intencionalidad" de volver a retomar esta idea "en el corto plazo", aunque no estamos "en la cabeza del ministro".

Temas

En Libre Mercado

    Recomendado

    Lo más popular

    1. Federico Jiménez Losantos: '¿Qué aplaudían?'
    2. Bronca entre un bosnio y un independentista en Twitter por los atentados en Cataluña
    3. Tensión por las respuestas en catalán en la rueda de prensa: un periodista extranjero se va
    4. El diestro Antonio Ferrera se niega a banderillear al pitarse en Bilbao la bandera de España
    5. El mosso que abatió a los cuatro islamistas de Cambrils es un exlegionario
    0
    comentarios

    Servicios