Cristóbal Montoro no se entrega. Si alguien pensaba que el ministro de Hacienda iba a utilizar su comparecencia de este miércoles, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, para dimitir… ese alguien se habrá llevado un buen chasco. De hecho, ni siquiera ha pedido perdón tras la sentencia contraria a la regularización extraordinaria del año 2012 que hace unos días anunció el Tribunal Constitucional (TC). Nada de eso estaba en el ánimo del político jienense que ha aprovechado su intervención para lanzar un durísimo ataque a la oposición y reivindicar su labor y la de su Gobierno.
A lo máximo que ha llegado Montoro ha sido a reconocer que no le gustó aprobar aquel Real Decreto Ley. Pero ha defendido que era imprescindible hacerlo. Su discurso ha girado en torno a tres argumentos fundamentales. En primer lugar, la Declaración Tributaria Especial (DTE) no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional en su fondo, sino sólo en lo que respecta a su forma y a su aprobación a través de un Real Decreto Ley. En segundo lugar, fue una medida positiva, que ayudó a que España evitase el rescate al que parecía abocada en el primer semestre de 2012. Y en tercer lugar, se trata de un tipo de disposición que no le gustaba entonces ni tampoco ahora y que sólo las extraordinarias circunstancias que se vivían en aquel momento hicieron necesaria.
Por aquí es por donde el ministro ha dejado un flanco abierto y por donde menos se sostiene su argumentación. Porque Montoro ha terminado su intervención pidiendo un pacto a los partidos políticos para modificar la Ley General Tributaria de forma que se prohíban a futuro nuevas amnistías fiscales como aquella. El problema es que todo junto, chirría. Si fue bueno aprobarlo, si el dinero evitó el rescate, si era una medida impopular pero necesaria… ¿Por qué atar las manos a Gobiernos futuros para que aprueben, si las circunstancias se repiten, nuevas medidas similares?
Las explicaciones
Montoro ha comenzado refiriéndose a la sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha dicho que la acata y respeta. Eso sí, también ha asegurado que el fallo "no tiene efectos sobre las consecuencias de la ley" y no cuestiona el fondo de la norma, sino sólo la forma: "El vehículo normativo no fue el acertado. El fallo sólo descalifica el procedimiento". Por eso ha defendido que la decisión fue completamente legítima, que "no fue una amnistía, lo diga quien lo diga", que no borraba ningún delito previo y que no sólo no ha alentado el fraude sino que ha permitido aflorar miles de millones de euros y perseguir delitos relacionados con estos fondos.
Precisamente, a la cuestión de la recaudación generada se ha agarrado Montoro en la parte central de su discurso. Lo obtenido para las arcas públicas justifica, en su opinión, la aprobación de la polémica norma. Porque Montoro ha recordado lo complicada que era la situación en los primeros meses de 2012. Una coyuntura que, en su opinión, hacía imprescindible tomar medidas "impopulares, pero necesarias". Por eso, en su respuesta a los portavoces de la oposición ha dicho que fue una decisión que sería "impensable" en cualesquiera otras circunstancias. Y ha asegurado que la mejor prueba de que no le gustó hacerlo es que, cuando fue ministro de un Gobierno del PP con mayoría absoluta en los años 90 y podían haberlo propuesto, no aprobaron ninguna medida similar: "Ni se nos pasó por la cabeza", ha recalcado.
"Las medidas que tomó el Gobierno no eran fáciles de explicar: eran duras y no se esperaban de nosotros. No la hubiéramos adoptado nunca de no haber sido por la gravísima situación que atravesábamos. Ahora se nos hace difícil incluso imaginar el estado de emergencia que nos movió a poner en marcha aquellas medidas. Qué fácil se olvida. Fueron muchas las que se adoptaron, muy importantes y de forma urgente: por ese motivo se usó más el Real Decreto Ley", ha asegurado.
Por todo ello, Montoro se ha retrotraído al 30 de marzo de 2012, el día que se aprobó la DTE: "Algunos prefieren que no recordemos aquella pesadilla porque fue por su irresponsabilidad. Quieren que no recordemos el contexto. En aquel año, España estaba al borde del rescate y la suspensión de pagos. ¿Qué hubiera supuesto la pérdida de soberanía nacional que sufrieron algunos países? ¿Cuánto habrían bajado las pensiones? ¿un 40%? ¿Cuánto han bajado el sueldo de los funcionarios? ¿un 20-30%?"
Éste ha sido el principal argumento del ministro. Con el país a punto de caer en la quiebra y de pedir un rescate que habría supuesto la pérdida de la soberanía en materia económica, o se hacía algo o la situación sería insostenible: "Era fundamental mantener la autonomía política. Especialmente para los pensionistas, los dependientes, los desempleados y los funcionarios. El Gobierno conoce su país mejor que cualquier organismo internacional. Por eso había que actuar rápido. Al venir a rescatarnos habrían impuesto durísimas condiciones. Como han hecho en Portugal o Grecia: eso sí que son recortes. Eso fue lo que evitamos con nuestras medidas. Eso fue lo que evitamos subiendo impuestos. O regularizando las rentas ocultas. Si no lo hubiéramos hecho, nos verían más simpáticos. Podíamos echarle la culpa al FMI a la UE o a los mercados. Podríamos hacer demagogia, como otros".
Por último, estaba la discusión sobre si se recaudó mucho o poco. Montoro ha reconocido que los 1.200 millones obtenidos fueron más o menos la mitad de los 2.500 millones previstos por Hacienda. Pero incluso así se ha mostrado satisfecho de los más de 40.000 millones de euros aflorados, que han seguido pagando impuestos en todos los ejercicios a partir de aquel año 2012: "Hubo que poner un cebo al lanzar el anzuelo. Sin un cebo, no tiene ningún éxito y los pececitos se quedan en el fondo del mar. De pronto pasamos a saber que había 40.000 millones de euros. Pasamos a tenerlo controlado desde la AEAT. Pasamos a tenerlos identificados en los ordenadores. A casi 30.000 propietarios. Pagaron 1.200 millones. Pero lo importante es lo que afloró y ha seguido pagando impuestos en nuestro país. Llevan cinco años pagando IRPF, IS, plusvalías, Patrimonio… Pero es infinitamente más que en 2011, que no pagaban nada. A mí también me habría gustado recaudar más".
Quizás por eso ha sorprendido la oferta con la que ha terminado su discurso inicial Montoro, la propuesta a todos los grupos políticos para cambiar la Ley General Tributaria para prohibir a partir de ahora las amnistías fiscales. Porque es cierto que la efectividad de una amnistía fiscal depende en buena parte de su credibilidad: el principal argumento para el defraudador es que piense que será la última oportunidad que tendrá de regularizar su situación y que si no lo hace se le perseguirá. Pero esta idea deja al menos dos preguntas abiertas. La primera es por qué, si fue positivo en 2012 conseguir aflorar aquellos fondos, no lo será en un ejercicio futuro si las circunstancias se repiten. Aquí, lo único que el ministro ha dicho al respecto es que fue una norma que sólo se puede explicar en aquella coyuntura y que ni se le pasa por la cabeza la posibilidad de que España vuelve a estar en una situación tan grave como para que sea necesario abrir esta puerta de nuevo.
Y en segundo lugar, cabe preguntarse qué impediría a un Gobierno que realmente lo necesite volver a deshacer el pacto, eliminar la prohibición ahora impuesta y volver a aprobar una nueva amnistía. Tampoco Montoro lo ha explicado. Por cierto, que en los Presupuestos del año 1992 ya se aprobó volver a prohibir estas normas extraordinarias... y está claro que no sirvió de mucho.