Los últimos años han sido una década perdida para España en materia económica, pero también de libertad de mercado. Así lo entiende la última auditoría realizada sobre esta cuestión por el Instituto Fraser de Canadá, que sale a la luz en España de la mano de El Economista.
Si echamos la vista atrás podemos ver que, en el año 2005, España ocupaba el puesto 23 de un ranking en el que figuran más de 150 países. Sin embargo, en la edición más reciente del informe, que acaba de salir a la calle y recoge datos de 2014, nuestro país queda relegado al puesto 49.
La nota que recibe España en la última clasificación es de 7,38 puntos sobre 10. Estamos por debajo de los 7,62 puntos de 2005, pero la caída no es tan significativa como para explicar el descenso en la clasificación. Por tanto, el motivo principal es el avance en el ranking de decenas de países que, durante la última década, han ido mejorando sus resultados, mientras España se quedaba estancada.
La auditoría contiene cinco áreas de estudio. La primera está dedicada al tamaño del Estado. En este capítulo se estudian cuatro temas: el gasto público, las transferencias y subsidios, la existencia de empresas públicas y los tipos máximos aplicados en IRPF y Cotizaciones Sociales. España recibe apenas 5,7 puntos sobre 10 en esta clasificación, lo que lastra la nota final recibida por nuestro país.
En el capítulo fiscal es de esperar una cierta mejora de la nota española en futuras ediciones del informe. Según la documentación remitida por el gobierno a Bruselas, el gasto de las Administraciones era del 44 por ciento del PIB en 2014, último año evaluado hasta ahora por el estudio que difunde el Instituto Fraser, pero habrá caído al 40,1 por ciento del PIB durante el presente curso 2017. Además, el tipo máximo que soportan los trabajadores ha bajado del 52 al 45 por ciento desde la reforma tributaria aprobada en 2015. Pero habrá que esperar a la próxima edición del informe para confirmar esos avances.
El euro y el Mercado Único nos benefician
El segundo pilar del informe se centra en el grado de seguridad jurídica vigente en cada país. España recibe aquí una nota de 6,54 puntos, pero las notas integradas en esta categoría muestran resultados muy divergentes. Por ejemplo, en independencia judicial recibimos alrededor de 4 puntos, pero en lo tocante a la integridad del sistema, nuestras cortes se anotan más de 8 puntos. De modo que hay razones para el optimismo, pero prevalece la asignatura pendiente de la despolitización de la Justicia. Además, es preocupante que España consiga apenas 5,6 puntos en la categoría que mide la protección de los derechos de propiedad. El auge del movimiento okupa viene a validar esta calificación tan baja.
Mucho más alta es la nota que nos otorga el estudio divulgado por El Economista en la sección del informe que considera la estabilidad monetaria. Recibimos una calificación de 9,84 puntos sobre 10, una de las más altas del estudio. Al igual que ocurre en otros campos, esto vendría a confirmar el salto adelante que supuso la entrada en la Eurozona, al menos para quienes defienden los principios liberales que estudia el informe, como son la estabilidad de la moneda, el control de la inflación o la libertad financiera. Algo similar sucede con el estudio de la apertura comercial. Recibimos una nota de 7,97 puntos, sobre todo por las facilidades asociadas al Mercado Único europeo. De nuevo, las instituciones comunitarias contribuyen a mejorar el clima de negocios en España.
Por último, no es muy satisfactorio el resultado que obtiene España en la medición de otros aspectos, como por ejemplo el mercado de trabajo o las regulaciones empresariales. En el primer punto hemos mejorado nuestra nota de 4,7 a 5,5 puntos gracias a los frutos de la reforma laboral entre 2012 y 2014, por lo que los próximos años deberían reflejar nuevas subidas de la puntuación, en virtud del empleo creado de 2015 a 2017. En el segundo será más difícil que haya revisiones al alza, ya que algunas calificaciones son desoladoras y en dichos campos se han aprobado grandes reformas. Es el caso de los trámites burocráticos (2,9 puntos sobre 10) o de los costes burocráticos (3 puntos sobre 10).