La Ley de Unidad de Mercado viene de recibir un varapalo por parte del Tribunal Constitucional, que no ha dado su visto bueno a la "licencia única" y ha pedido al Ejecutivo central que, si pretende habilitar un mecanismo de este corte, apruebe primero una serie de estándares mínimos comunes, en virtud de los artículos 13 y 149.1 de la carta democrática de 1978.
Aunque esta sentencia golpea la estrategia de simplificación normativa lanzada por el gobierno en 2012, en Moncloa quieren seguir trabajando en esta dirección y, de hecho, esta semana se esperan nuevas medidas de desregulación. Una de las palancas en que se apoya el gobierno es una encuesta realizada por el ICEX a más de 15.000 empresas. Este sondeo ha servido para identificar barreras y obstáculos regulatorios que ahora pasarán a ser revisados por la Administración Rajoy.
Además, según adelantaba ABC, la estrategia de reordenación de la regulación empresarial va a contar con la participación del Círculo de Empresarios, que ya se ha dirigido al Ejecutivo para trasladar algunas sugerencias. En total, se estima que se van a revisar más de 100 normas, con el objetivo de facilitar el día a día de las empresas, principalmente en el segmento de las pymes. De hecho, el total de reglas sobre las que se va a poner el foco llega a 130 regulaciones.
Un marco más flexible
Uno de los cambios que podría llegar por esta vía es la revisión de las normas que exigen la convocatoria de un comité de empresa. Ahora mismo, basta con que una empresa tenga cincuenta trabajadores para que se vea obligada a crear dicho órgano. Con la nueva propuesta, pasaría a 100 el número de asalariados que se tomaría como base. En la misma línea, se esperan medidas referidas a la polémica figura de los liberados sindicales.
Otro punto en el que el Círculo de Empresarios pretende convencer al gobierno es el de las regulaciones fiscales. Por un lado, el documento remitido a Moncloa sugiere elevar los umbrales de facturación a partir de los que se refuerzan los controles fiscales. Esto supondría reformar el tratamiento del IVA, retocar los pagos fraccionados de Sociedades y relajar el peso de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria.
También en clave fiscal, el Gobierno va a plantearse un posible aumento de los beneficios fiscales concedidos a las empresas que reinserten sus beneficios. Además, se va a estudiar la posibilidad de instaurar una especie de auditoría simplificada, que reduzca los trámites administrativos que supone este procedimientos.