"No nos despistemos. La caída salarial y la dificultad que tienen muchos convenios para aplicarse vienen de la reforma laboral" - Unai Sordo, CCOO
"Si el Gobierno derogase la reforma laboral y dejase la negociación colectiva como estaba antes, se saldría ganando" - Pepe Álvarez, UGT
Unai Sordo y Pepe Álvarez tienen claro dónde hay que mirar para encontrar un culpable al tema de moda en la economía española: los salarios. La culpa de que los sueldos no suban lo que deberían es de la reforma laboral de 2012. Y si el Gobierno la derogase sería mucho más sencillo que los trabajadores españoles recuperasen buena parte del poder adquisitivo perdido en estos años de crisis.
No es la primera vez que la reforma laboral se convierte en el chivo expiatorio de cualesquiera de los males que aquejen al mercado de trabajo en España. Primero era la responsable de la destrucción de empleo (como si en 2011 no se hubieran perdido 577.000 puestos de trabajo). Luego, cuando desde mediados de 2013 se comenzó a crear empleo a tasas cercanas al medio millón al año, se empezó a hablar de precariedad. Y ahora, cuando la meta de los veinte millones de ocupados vuelve a convertirse en una posibilidad palpable han cogido el relevo los salarios y su supuesto estancamiento o descompensación respecto a los beneficios empresariales.
En este ambiente, los sindicatos y los partidos de la oposición hacen frente común contra la reforma, que se ha convertido casi en la excusa para una competición entre la izquierda española ver quién hace la promesa más contundente en su contra. Para CCOO y UGT es un tema capital, porque la norma se dirige contra la clave que sostenía su influencia social y su poder sindical: la centralización de la negociación colectiva. Para Podemos es el eje de su discurso contra las desigualdades. Y ahora el PSOE, que siempre fue muy crítico con la reforma pero en algunos momentos insinuó que podría mantener los aspectos menos polémicos, la ha vuelto a situar en primera línea de su argumentario contra el Gobierno. De hecho, Pedro Sánchez ha jugado con la idea de derogar no sólo la reforma del PP, sino incluso la que el propio PSOE aprobó en 2011.
¿El 3%?
En este ambiente, todo apunta a que habrá pacto entre patronal y sindicatos, que será pronto y que la subida que se acordará estará en el entorno del 3%. A todos les conviene. A unos por imagen, a otros por reivindicarse tras tantos años en el punto de mira y al Gobierno porque es una foto que redondearía los buenos datos sobre el paro que cada mes y cada trimestre ofrecen los Servicios Públicos de Empleo y la EPA.
De hecho, más que en la cifra (que más o menos será el 3%), la negociación se centrará en las cláusulas de revisión para el caso de que la inflación se dispare por encima de lo previsto. La CEOE no quiere atarse las manos en este sentido, porque fueran precisamente esos mecanismos los que generaron el círculo vicioso en los primeros años de la crisis, cuando en España los sueldos subían por encima de lo que lo hacían en cualquier otro país europeo.
Hay que recordar que entre 2008 y 2011 los salarios se incrementaron en nuestro país a un ritmo superior al de cualquier otra economía de la UE con la excepción de Portugal. A finales de 2012, en Libre Mercado ya contábamos como el sueldo medio en España había subido hasta un 16% en los peores años de la crisis, cuando destruíamos empleo a un ritmo que llegó a superar el millón de puestos de trabajo al año. ¿Cómo podía darse esta situación? Pues por los mecanismos existentes en aquellos momentos en relación a la negociación colectiva: la primacía de los convenios sectoriales y territoriales sobre los de empresa y la ultraactividad. La suma de estos dos instrumentos suponía un blindaje para cualquier acuerdo entre la patronal y los grandes sindicatos que, además, no tenía fecha de caducidad mientras no se renovase. Así, mientras las empresas entraban en pérdidas, la economía colapsaba y los despidos se multiplicaban, los salarios crecían, en una dinámica que habría destrozado todos los modelos económicos ortodoxos.
¿Y cuáles eran las consecuencias? Pues básicamente el problema que existía es que las empresas no tenían otro mecanismo de ajuste, ante la caída de la actividad y de facturación que el despido o el cierre. Sólo en algunos sectores dominados por las grandes empresas (por ejemplo, el automovilístico) los sindicatos en las compañías estaban dispuestos a renegociar un descuelgue. En otros países (y también en España en estos pocos casos que comentamos) se repartían las horas, cambiaban turnos, había acuerdos de reducción de salarios a cambio de evitar despidos… El beneficio era doble: por un lado se evitaban las alarmantes cifras del desempleo que teníamos aquí y además las empresas estaban mucho mejor preparadas para recuperar la iniciativa cuando el viento cambiase de dirección. En España, hasta 2012, este tipo de soluciones, sobre todo en el caso de las pymes, eran casi un imposible.
Además, aunque a veces se piense lo contrario, la descentralización de la negociación colectiva no tiene por qué ir dirigida contra los sindicatos, aunque sí contra el modelo imperante en España. En Alemania, el modelo en el que todos dicen fijarse, patronales y centrales, la clave no es que los sindicatos sean débiles (de hecho, son fuertes y con una implantación muy extensa). Pero los que mandan son los representantes de los trabajadores en cada compañía, no las ejecutivas de las organizaciones, que hacen una labor más de coordinación entre sus diferentes secciones.
Porque España es en esto la excepción. Tanto las subidas de sueldo de 2008-11, como las bajadas de 2011-13, como la recuperación de los últimos tres años (y sí, en los últimos tres ejercicios los sueldos han ganado poder adquisitivo en cada uno de ellos, a pesar de las noticias que se publican cada día al respecto) vienen determinadas por una anomalía que la reforma de 2012 comenzó a modificar: que existiera una especie de tope de referencia al que se ajustaban empresas, sectores, provincias y regiones sin nada en común. La pregunta que debemos hacernos es si los salarios (y el resto de las condiciones laborales) se tienen que negociar en cada empresa, por empresarios y trabajadores, o deben ser parte de una negociación a nivel superior, entre patronal y sindicatos, que luego los demás agentes de la economía asumen sin demasiadas posibilidades de cambio. Esto es lo que la reforma comenzó a cambiar.
Incluso Fátima Báñez parece haber asumido parte del lenguaje pre-reforma y de los pactos centralizados. Hace unos días, la ministra se sumaba a las tesis de las centrales sindicales y aseguraba que ya era hora de subir los salarios, por lo que pedía a patronal y sindicatos que "con responsabilidad y compromiso" cerrasen"cuanto antes" el acuerdo. Eso sí, esto no quiere decir ni mucho menos que el Gobierno se plantee tocar la que creen que es su reforma más exitosa y la clave del despegue del mercado laboral español desde 2013: ningún otro país de Europa está creando empleo al ritmo del nuestro (incluso teniendo en cuenta el pésimo lugar del que partíamos, las cifras son espectaculares).
Productividad y salarios
En marzo del pasado año, Samuel Bentolilla y Marcel Jansen publicaban un artículo en Nada es gratis sobre el impacto de la reforma laboral en la negociación colectiva. En relación a los salarios, su conclusión era la siguiente:
El ultimo mito es que la reforma ha generado un derrumbe de los salarios y un aumento considerable en la desigualdad salarial, pero de nuevo los datos son tozudos. Tras la reforma de febrero de 2012, se observa solo una ligera aceleración de los ajustes salariales. Y en los nuevos convenios las tarifas mínimas empiezan a crecer, aunque a tasas muy bajas, a partir de 2013.
Con esto no queremos negar el aumento de la desigualdad o la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores. Al contrario. Pero el principal mecanismo que ha contribuido a esta "devaluación interna" es el ajuste de los salarios iniciales, que empezó en 2009. A finales de 2014 las condiciones económicas en las nuevas contrataciones habían caído a niveles de principios de los años 90. Por contra, para los trabajadores que han mantenido su empleo durante la crisis la pérdida media de poder adquisitivo era menor del 3% a finales de 2013. No tenemos aún datos fiables sobre el alcance de los cambios unilaterales de salarios pero este dato, junto con la mejora en los salarios pactados, sugiere que su contribución [de la reforma laboral] al ajuste salarial ha sido limitado.
Por otro lado, los salarios son sólo la otra cara de la moneda de otro factor fundamental: la productividad. Como explicábamos en este artículo de Libre Mercado, a medio plazo, los sueldos que se pagan en una economía se derivan de forma casi matemática de lo que el trabajador medio es capaz de aportar y la eficiencia de la organización empresarial en la que se encuadra. Si uno mira las gráficas de salario/hora y productividad/hora de Eurostat le parecerá que está viendo un espejo: los mismos países (Noruega, Dinamarca, Irlanda…) ocupan los primeros puestos en uno y otro caso; y España está en la zona media de la UE, detrás de casi todos los países ricos y por delante del sur (Grecia, Portugal) y el este de la Unión (ampliar gráficos de la derecha para más detalle, con datos de 2014).
Éste es el terreno de juego en el que se jugará en los próximos meses. Sindicatos, PSOE y Podemos unirán reforma laboral y falta de subidas en los salarios. El Gobierno apretará a los agentes sociales para conseguir un acuerdo. Y algunas de las disposiciones de la reforma mostrarán sus límites. Porque en muchos casos, para esos descuelgues que la norma permitía eran necesarias unas circunstancias negativas que ahora no es tan fácil que una empresa pueda demostrar. El problema es que una compañía puede necesitar condiciones diferentes a las de su convenio sectorial incluso aunque no esté en esos supuestos previstos por la ley. La legislación laboral española sigue estando entre las más rígidas de la UE y casi nadie habla de productividad, que al final es lo que realmente determinará nuestra riqueza a medio y largo plazo.
En cualquier caso, la foto entre los dirigentes de UGT, CCOO, CEOE y la ministra es casi seguro que se producirá antes de que acabe este año, quizás a principios del curso parlamentario 2017-18. Para conocer los efectos de esa imagen y si de verdad se traduce en algo sustancial para los trabajadores españoles habrá que esperar algo más de tiempo.