De momento no se trata de una realidad muy extendida, o al menos muy reconocida, pero algunos despachos de abogados –que prefieren mantener el anonimato– confirman que no es algo extraño que inversores extranjeros pidan cláusulas antiseparatismo en los contratos de operaciones de fusiones y adquisiciones en Cataluña.
Según estos despachos, cada vez preocupa más al inversor el desafío separatista y la amenaza cada vez mayor del gobierno catalán de llegar a declarar de forma unilateral el separatismo.
Estos mismos despachos, citados este lunes por Cinco Días, destacan que estos inversores siguen llegando, pero cuando lo hacen a Cataluña, siempre es con cautela.
La información va en la misma línea que la que se conocía la semana pasada cuando la consultora Informa medía el movimiento de las empresas españolas por los distintos territorios regionales y se establecía que el saldo de los últimos cuatro años arroja una ganancia neta de empresas para Madrid que ascendía a 1.002 compañías. En el extremo opuesto aparecía Cataluña, donde la salida de empresas superaba las 1.070.
Volviendo a la información de Cinco Días, uno de estos despachos señala que "la actividad en Cataluña sigue disparada; pero comenzamos a ver que los compradores solicitan cláusulas que exigen la mudanza del domicilio social e incluso más allá, como la petición de planes de contingencia específicos, si llega a producirse la independencia".
Otro despacho decía que "es incuestionable el efecto (del desafío separatista) ya que una parte de los proyectos pende de un hilo debido al llamado procés. La actividad está en máximos, pero no podemos medir lo que está yéndose a Madrid", añade "obviamente está influyendo. Sólo el hecho de que los inversores extranjeros lo pregunten ya es una mala señal", sentencia.