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Economía: las asignaturas pendientes de Rajoy para septiembre (además del 1-O)

Impuestos, pensiones y financiación autonómica, sobre la mesa de los ministerios económicos. Los PGE-2018 serán clave en la legislatura.

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Mariano Rajoy, este viernes, en el Palacio de la Moncloa, durante la rueda de prensa que ofreció para hacer balance del curso político. | EFE

Mariano Rajoy parece tranquilo. También es verdad que el presidente no es un hombre que muestre sus emociones. Y no hay demasiadas cosas que le alteren los biorritmos. Pero en la conferencia de prensa con la que cerró el curso 2016-17 y dio paso a este mes de agosto mantuvo el tono, el discurso y el talante habitual. Casi nada, ni siquiera el desafío secesionista del 1-O, parece ser capaz de perturbar al político gallego.

En el terreno económico, lo cierto es que la situación es de aparente tranquilidad. Muy lejos queda aquel verano de 2012 en el que España tuvo que pedir un rescate para inyectar dinero a un sistema financiero moribundo. Con la histórica EPA del segundo trimestre en la mano, con esa cifra de reducción del paro que es un récord absoluto en una serie que comenzó a publicarse en 1964, el presidente se permitió ser un poco triunfalista. Y tiene razones para ello. Si las cosas siguen como hasta ahora, esos 20 millones de ocupados de los que tanto habla podrían alcanzarse incluso antes del año 2020, la meta que el Gobierno se fijó para esta legislatura. No es extraño que España sea ahora el alumno aventajado de la UE, el modelo al que señalan como ejemplo de las bondades de las reformas, el referente de los líderes europeos que luchan contra el populismo… Ni siquiera los sucesivos incumplimientos en materia de déficit preocupan en La Moncloa. Nadie en Bruselas o en Fráncfort parece muy inquieto por si nuestro país cierra con unos números rojos del 3,1% o del 3,0% del PIB este 2017. Y ese alguien tampoco va a ser Rajoy.

Sin embargo, no son pocos los temas pendientes que se acumulan en la mesa del Consejo de Ministros en materia económica. Es cierto que ninguno de ellos es urgente. No es como cuando en 2012 había que aprobar una reforma laboral e intervenir la mitad de las cajas. Pero sí son muy importantes. No está claro si lo suficiente como para alterar la agenda de Rajoy. Pero sí para asegurar que sus ministros de Economía, Hacienda y Empleo tengan un otoño entretenido. No sólo eso, la suerte de la segunda legislatura de Rajoy (el "legado" del que hablan los presidentes norteamericanos) dependerá muy mucho de si aprueba estas seis asignaturas:

- Presupuestos 2018: todo el mundo da por hecho que se aprobarán las cuentas del próximo año, igual que se sacaron adelante las de 2017. Si lo consiguiera, Rajoy tendría el terreno despejado para llegar como mínimo al otoño de 2019 (podría prorrogar los PGE de 2018 si fuera necesario), su objetivo prioritario desde el principio de legislatura. Cuando hace unos meses alcanzó un acuerdo con Ciudadanos, PNV y los partidos canarios, parecía que los Presupuestos del año que viene estaban en el lote. Pero los nacionalistas vascos ya han dicho que de eso nada, que habrá que volver a pasar por caja si el Gobierno quiere su voto favorable. También es cierto que puede ser postureo electoral nacionalista, dirigido a sus votantes. Ciudadanos también querrá sacar algo: ya tienen experiencia de lo bien que queda ante la opinión pública vender que se le han extraído concesiones al Gobierno (véase la bajada del IRPF a cambio del apoyo al techo de gasto). En septiembre y octubre llegará el momento de comprobar hasta dónde están dispuestos a apretarle las tuercas los socios del PP.

- Pensiones: ahora mismo la pelota está en el tejado del Pacto de Toledo, pero puede volver al terreno del Gobierno en cualquier momento. Los partidos de la oposición presionan para derogar la reforma de 2013 (volver al IPC y cargarse el factor de sostenibilidad). Pero eso es muy complicado si se quiere mantener la senda de reducción del déficit. Al mismo tiempo, el Gobierno no puede permitirse que se rompa su imagen como gran valedor de las pensiones de los actuales jubilados, que son su principal apoyo electoral. Queda la opción de sacar prestaciones de la Seguridad Social y llevárselas al presupuesto general. Se hará, antes o después, con viudedad y orfandad. Y también con las bonificaciones a la Seguridad Social, que comenzarán a pagarse más pronto que tarde con fondos de empleo. El tema en el que Rajoy menos querría meterse es quizás el que más demanda de una decisión contundente y una reforma en profundidad. Pero supone mucho riesgo, darle fuego de munición a la oposición y pocos frutos a corto plazo. Los ingredientes son explosivos, pero lo normal es que, si no hay consenso al menos con el PSOE, tampoco haya cambios por aquí.

- Financiación autonómica: Cristóbal Montoro ya tiene en sus manos la propuesta del grupo de expertos a los que convocó para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica. Todo lo que le han puesto sobre la mesa era más o menos previsible: un tramo del IVA pactado entre todas las regiones, armonización en Sucesiones en todas las comunidades… Pero como ya contamos en su momento, los incentivos políticos que rodean al proceso son peligrosísimos: todos los presidentes autonómicos querrán aparecer como los máximos defensores de su región y nada cohesiona más las filas (y a los votantes) que señalar al Gobierno central como el culpable de que no haya financiación para sanidad, educación o cualquier otra partida. Si a eso le sumamos que, sea cual sea el reparto, es inevitable que haya ganadores y perdedores (aunque sea en términos relativos, si todos ganan, unos lo harán más que otros), y que cualquier concesión a las comunidades ricas se venderá como una cesión al nacionalismo catalán: tenemos un sudoku de muy complicada resolución. Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría serán los encargados de ir rellenado las casillas. Esto en teoría debería haberse cerrado en 2014-15. No sería extraño que también se demorase a la próxima legislatura.

- ¿Impuestos?: lo ponemos entre interrogaciones porque es la reforma menos probable. Toca un tema sensible en el electorado popular, no es estrictamente necesaria con un crecimiento del 3% y subidas de la recaudación, ni la oposición dará mucha guerra en este tema. Lo que ocurre es que sí es una reinvindicación clásica de todos los organismos internacionales que visitan España y analizan nuestra economía y una vez que te metes a tocar IVA o Sucesiones en la posible reforma de la financiación autonómica, pues parece casi obligado hacer algo con IRPF o Sociedades, que se quedaron a mitad de camino en 2015. La AIReF, en su informe sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya apuntaba que las principales dudas sobre el déficit tienen que ver con la parte de los ingresos. Y en Bruselas nadie entendería que tampoco este año, a pesar de todas las promesas, incumpliéramos con nuestro objetivo. Ciudadanos probablemente no vería con malos ojos una reforma que bajase los tipos y eliminase deducciones tanto en el IRPF como en IS. Si se hace bien, incluso puede subir los ingresos sin que el contribuyente sienta que le suben el tributo. Complicado, pero no imposible.

- Reforma laboral 2.0: se ha escrito tantas veces que parece increíble que sigamos igual. Pero en lo que hace referencia a la dualidad del mercado laboral no hay nada nuevo. No lo hubo con la reforma de 2012 (salvo en la mínima reducción del diferencial en el despido entre fijos e indefinidos) y no la ha habido desde entonces. Ciudadanos lleva en su programa el contrato único y la mochila austriaca. El PP niega el primero pero no rechaza del todo la segunda (y en el acuerdo de investidura con los de Rivera abría la puerta claramente en esta dirección). Llevamos ya unos cuantos años en los que se da por hecho que habrá cambios a este respecto. Quizás una simplificación real de las modalidades (se habla de tres: un fijo por defecto, uno de sustitución o temporal pero muy restringido en sus opciones y otro de aprendizaje) con un pequeño componente de mochila. Pero aquí los sindicatos mandarán. El Gobierno no hará nada sin paz social y para conseguirla tendrá que ofrecer un caramelito a las centrales.

Además, en cuestiones laborales el Gobierno tiene otros retos pendientes, más relacionados en este caso con la educación: FP Dual (ya en marcha pero necesitada de un impulso), formación de parados y trabajadores (las reformas emprendidas en 2014 y 2015 liberalización el sector, pero siguen pendientes de ajustes), adecuación de los currículos de las universidades a las necesidades reales del mercado… En términos políticos, la obsesión (en el buen sentido de la palabra) de Ciudadanos, el socio prioritario del Gobierno es la educación. Por eso, lo normal es que presione para conseguir alguna reforma que pueda presentar a su electorado. Pocas cosas podrían gustar más al regeneracionismo naranja que un cambio significativo en este campo que comience con su deseado Pacto Nacional por la Educación. Eso sí, estamos hablando de reformas complicadas e intereses creados: en las aulas, todo esto ya no es que sea peligroso, es directamente radioactivo.

- Liberalizaciones: el clásico entre los clásicos. Todo el mundo lo da por hecho cada año… y cada año vuelve al cajón. Parece la reforma más sencilla: "liberalizar servicios profesionales", lo llama la Comisión Europea. No cuesta dinero, tendría buena prensa en la mayoría de los casos, supondría la eliminación de privilegios injustificados y contentaría a parte del electorado popular. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues no hace falta más que mirar a lo que ha pasado con la estiba o el taxi en el último curso parlamentario para conocer la respuesta. Cualquier colectivo (y en España son muchos) que se sienta amenazado sacará las uñas y peleará duro contra los cambios que pongan en peligro sus privilegios. Tampoco es extraño, quizás todos haríamos lo mismo. Además, muchos de estos colectivos son muy cercanos al PP. Así, el Gobierno tiene que decidirse entre una reforma con ganadores muy dispersos y unos beneficios pequeños en términos macro o un grupo muy concienciado que ocuparía portadas durante meses en defensa de sus reivindicaciones: casi siempre ganan los segundos (en buena parte, para eso tienen esos colegios profesionales que el Gobierno también dice que quiere controlar). Bruselas seguirá con la cantinela de la "liberalización de los servicios". Pero, como se ha visto con la estiba, o llega una directiva que obligue a aprobar una nueva ley o lo normal es que las cosas se queden como están.

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