Las normas que regulan la contabilidad de las Administraciones determinan también qué obligaciones deben constar en las estadísticas de deuda y qué pasivos se pueden dejar fuera de dicha base de datos. Bajo la normativa actual, la deuda de las empresas públicas no contabiliza como parte del pasivo de las comunidades autónomas.
Esto permite que las regiones oculten parte de sus obligaciones a la hora de comunicar el pasivo que han asumido. Evidentemente, esto influye en los objetivos de estabilidad presupuestaria, que se concentran en fijar objetivos de déficit y deuda en las cuentas generales, dejando a un lado esta contabilidad paralela.
Así, según los datos del Banco de España para el primer trimestre de 2017, la deuda de las empresas públicas ligadas a los gobiernos autonómicos asciende a 4.476 millones de euros. La cifra es, sin duda, abultada, pero al menos refleja un cambio a mejor. Y es que, en 2009, la deuda de las empresas públicas de las comunidades autónomas llegaba a la friolera de 11.366 millones de euros.
Los datos que ha publicado el Banco de España muestran que Cataluña y Madrid son, con diferencia, las regiones que más deuda han acumulado en sus empresas públicas: 2.044 millones en el caso de Cataluña, 1.822 en el de Madrid. En 2009, Cataluña alcanzó los 5.660 millones de euros, si bien la evolución desde entonces ha sido a mejor. Todo lo contrario ocurre en Madrid, donde la deuda en 2007 era de 924 millones pero las obligaciones en 2017 ascienden a 1.822 millones. El pico se alcanzó en el tercer trimestre de 2016, con 1.911 millones.
Si estas obligaciones se sumasen al cómputo oficial de la deuda autonómica, la Comunidad de Madrid vería aumentar su pasivo regional del 14,9 al 15,8 por ciento del PIB, mientras que el gobierno de Cataluña empeoraría su resultado para subir del 35,2 al 36,2 por ciento del PIB.
Pero, de todas las comunidades, el caso más llamativo es el de Castilla-La Mancha. En 2011, la victoria de María Dolores de Cospedal supuso un cambio drástico en materia de política fiscal. El nuevo Ejecutivo popular se puso como meta reordenar las finanzas de la región, muy golpeadas tras los años de gobierno de José María Barreda. La estrategia dio frutos y la deuda pública de las empresas autonómicas pasó de 648 millones a 0 en apenas dos años.
