Malas noticias para Chile. Aunque el país del Pacífico ha sido durante años un verdadero referente en materia de políticas económicas sensatas, la deriva intervencionista observada en los últimos tiempos ha empezado a sembrar dudas sobre lo que ocurrirá en un futuro.
El primer reflejo de este deterioro vino a comienzos de verano, cuando la agencia de calificación de deuda Standard & Poor’s rebajó el rating soberano de Chile de AA- a A+. La deuda denominada en divisa local también sufrió una recorte en su nota, cayendo de AA a AA-.
Fue especialmente significativo que S&P tomase esta situación porque estamos hablando del primer retroceso de la calificación chilena desde el año 1992. Hablamos, pues, de una decisión sin precedentes en los últimos veinticinco años. Según explicó la agencia, "ha aumentado la vulnerabilidad de Chile a shocks externos, como combinación de los bajos precios del cobre y la menor confianza de las empresas nacionales, factores que reducen el consumo privado y la inversión, disminuyendo las perspectivas de crecimiento".
Pero la decisión de S&P no constituye un caso aislado. Y es que hace escasos días, la agencia de calificación de deuda Fitch también optó por recortar la nota de solvencia de la deuda soberana chilena, llevándola desde AA- a A+, "como consecuencia de un prolongado periodo de debilidad económica, de la caída de los precios del cobre y del deterioro de las finanzas públicas".
La presidenta Michelle Bachelet está en el ojo del huracán por el mediocre desempeño de la economía chilena en la presente legislatura. De acuerdo con la última encuesta CADEM, la mandataria de izquierdas cuenta con bajísimos niveles de apoyo: apenas un 25%, frente a una tasa de rechazo que llega al 60%.
Según los datos del Banco Central, el crecimiento medio pasó del 7,3% al 3,3% entre los años 1990 y 2010, si bien volvió a repuntar hasta el 5,3% en los años de gobierno del empresario Sebastián Piñera. Sin embargo, la segunda etapa de Bachelet se está saldando con un crecimiento medio del 1,8%, al calor de un creciente recelo empresarial ante las políticas económicas dictadas desde el Palacio de La Moneda.
Uno de los asuntos más preocupantes es la herencia fiscal que dejará Bachelet. Aunque hace apenas diez años, el pasivo del Estado solo alcanzaba el 4% del PIB, hoy vemos que se sitúa en el entorno del 25% del PIB, con proyección de llegar al 30% del PIB en 2020, si no se toman medidas drásticas que corrijan el rápido deterioro de las cuentas públicas.