Sólo un 34% de los municipios de Andalucía han presentado a tiempo sus cifras de ingresos y gastos para que puedan ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.
El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a rendir cuentas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.
"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe, en el que también insiste en que el Gobierno imponga medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar, algo que empieza a ser ya una vieja petición no atendida.
Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.
El informe sobre el año 2015 vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27 por ciento de las entidades españolas no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.
Andalucía es la comunidad menos transparente con un 66% de incumplimiento, a distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90 por ciento, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93 por ciento. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría explicar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.
Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.
La deuda pública absorbe el 12% del presupuesto
El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34 por ciento.
Le siguió el apartado de actividades de carácter general (administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc), el 21 por ciento. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14 por ciento y la protección y promoción social, el 11 por ciento.
La deuda pública absorbió el 12 por ciento del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del 15 por ciento registrado en 2014. "Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015", dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14 por ciento en las inversiones reales.
Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es del 36 por ciento.