La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas asciende al 99,8% del PIB hasta el segundo trimestre de 2017. En total, a cada español le corresponden 24.454,72 euros de deuda púbica. Tomando el modelo más frecuente de familia (tres miembros), la deuda total por familia asciende a 73.364,15 euros. Estas cifras sólo incluyen la deuda según el protocolo de déficit excesivo (PDE), lo cual significa que no toda la deuda pública está computada: falta la que suponen las empresas públicas, universidades públicas, fundaciones…
Partiendo de la base de que el ahorro mediano de las familias españolas asciende a 179.300 euros, estando el 70% concentrado en la vivienda habitual, esto supone que la deuda pública merma un 40,92% el ahorro neto de una familia de tres miembros, según el último informe del think tank Civismo. En concreto, la deuda de la Administración Central supondría una hipoteca del 35,82%; la de las Comunidades Autónomas, del 10,28%; la de las Corporaciones Locales, del 1,17%; y la de la Seguridad Social, del 0,62%, por lo que el patrimonio neto que no quedaría afectado por la deuda ascendería a un 59,08%.
Además, esta cantidad varía en función de la región donde resida la familia. Las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público; mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde.
El impacto del endeudamiento tiene un pernicioso efecto bumerán, ya que, a costa de los beneficiarios actuales del Estado de Bienestar, socava el potencial de crecimiento económico para financiar las pensiones y los servicios públicos futuros, y ahonda un problema estructural: el déficit de ahorro familiar.
Por administraciones, la Central acapara la mayor parte de la deuda, con el 87,4% del PIB; las CCAA, el 25,1%; las Corporaciones Locales, el 2,8%; y la Seguridad Social, el 1,5%. En cuanto al destino que se da a estos recursos, según la variable orientativa de las partidas funcionales de gasto del presupuesto nacional y de los autonómicos, un tercio de la deuda va a parar al capítulo sanitario; el 22,88%, a inversión pública, justicia, defensa y gastos corrientes de la Administración; un 21,54%, a educación; el 15,4%, al servicio de la deuda (intereses más amortización), y el 7,01, a protección social.
