Desde hace más de una década, el gobierno foral de Navarra ofrece una renta garantizada a los contribuyentes que cumplan una serie de criterios. La determinación de la cuantía percibida depende de la situación del solicitante y del número de personas que viven en la unidad familiar. Así, un hogar de un solo miembro que cumpla los requisitos fijados recibe 624 euros, mientras que uno de dos miembros percibe 842 euros, uno de tres miembros se embolsa 998 euros y uno de cuatro se lleva 1.091 euros.
En términos de desarrollo, la situación socioeconómica navarra es mucho mejor que la de la mayoría de comunidades autónomas. Por ejemplo, si calculamos su tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión social), encontramos que se sitúa en un 12,6%. Este es el segundo nivel más bajo de la Unión Europea y, de hecho, figura entre los quince mejores resultados de todas las regiones europeas. Algo parecido sucede si medimos la desigualdad, puesto que el coeficiente de Gini es de 24,7 puntos, lo que convierte a Navarra en la autonomía española con menos diferencia de ingresos entre sus ciudadanos.
Si atendemos al número de desempleados, medidos con cifras de la Encuesta de Población Activa para el cuarto trimestre del año, la situación navarra también se antoja favorable. Aunque el paro subió de 25.700 a 54.600 personas entre 2008 y 2012, la mejora del mercado de trabajo experimentada tras la aprobación de la reforma laboral que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy hizo que estos datos se redujesen año tras año desde entonces, hasta dejar la incidencia del desempleo en 28.500 personas. En términos relativos, estos datos reflejan que la tasa de paro creció del 8,1% al 17,2% entre 2008 y 2012, para luego caer hasta el 9% entre 2013 y 2019.
Pero ni la mejor situación de la pobreza y la desigualdad ni el comportamiento favorable del empleo han impedido que, una vez se ha puesto en marcha, la renta garantizada se convierta en un programa cada vez más ancho y costoso. Así, el número de unidades que la perciben se ha multiplicado de forma continuada, a pesar de la mejora de la economía.
Si medimos el número de perceptores según el número de unidades familiares perceptoras de la ayuda, vemos que dicho indicador ha subido de 3.161 a 16.078 entre 2008 y 2018. Quizá el aumento hasta 2012 está justificado por el peor desempeño socioeconómico y laboral (de 3.161 a 7.918), pero lo sorprendente es que de 2013 a 2018, coincidiendo con la recuperación, este indicador sigue aumentando (hasta las 16.078 unidades familiares).
Lo mismo ocurre si nos fijamos en el número de personas beneficiarias de la ayuda. Entre 2008 y 2012, este indicador salta de 7.042 a 18.607 perceptores, en línea con un deterioro de la economía. Sin embargo, de 2013 a 2018 se sigue observando un aumento paulatino, hasta llegar a los 36.303 beneficiarios en el último año con datos cerrados.
A raíz de estos datos, no sorprende que el volumen de recursos consumido por este programa haya subido con fuerza desde que se introdujo el programa de renta garantizada. Originalmente, el coste de la iniciativa era cercano a los 9 millones de euros. En 2012, coincidiendo con el momento más duro de la crisis, los desembolsos llegaban a 30 millones de euros. Sin embargo, la recuperación que arranca en 2013 no ha impedido que el programa se triplique y supere ya los 103 millones de euros de gasto público.
El continuo encarecimiento y la subida reiterada de los beneficiarios de la ayuda no ha impedido que el gobierno de coalición que conforman PSOE y Podemos se muestre partidario de implantar una iniciativa similar en clave nacional. De hecho, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró partidario de crear un programa valorado en 3.500 millones de euros cuando aún presidía la AIREF y ha vuelto a insistir en esta idea tras su incorporación al gobierno.