La primera ministra de Francia y titular de Trabajo, Elisabeth Borne, dio a conocer ayer martes por la tarde los detalles de la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. El proyecto de ley, considerado por la propia jefa del Ejecutivo como "la madre de todas las reformas", apunta a empeoramiento del clima social del país, por incluir medidas tan impopulares como el aumento en la edad de jubilación.
"Debemos trabajar más tiempo": esa es la premisa principal de Macron. El mandatario viene insistiendo en el mismo mensaje desde que aspirara a revalidar su presidencia en 2022, lo ha mantenido tras su reelección e incluso lo ha repetido en su discurso de año nuevo. El presidente de Francia no ha engañado a nadie, y es que no quiere que ningún ciudadano se sorprenda cuando llegue la reforma. Quiere que los franceses se vayan a costumbrando al mensaje de que la sostenibilidad del sistema de pensiones requiere de que cada vez se trabaje durante más años.
El mensaje es duro e impopular, pero Macron no puede seguir posponiendo una de las reformas clave que lleva años anunciando, pero que nunca ha llegado a ver la luz. Con la crisis del coronavirus, el proyecto legislativo se paralizó temporalmente, y ya el pasado mes de diciembre, cuando se pretendía anunciar la reforma, el presidente volvió a posponer su presentación un mes más debido a las elecciones internas en el seno de Les Républicains (centroderecha) y de Les Verts (ecologistas).
Ahora, ya en 2023 y con una nueva legislatura por delante, Macron quiere zanjar de una vez por todas la polémica reforma y de paso mejorar la salud de las finanzas públicas. Porque, recordemos, el peso de las pensiones en Francia supone ya el 14,8% del PIB, el tercer dato más elevado de las economías desarrolladas —tras Grecia e Italia—. Para ello, el proyecto legislativo incluye las siguientes medidas principales:
- Aumento de la edad de jubilación. En la actualidad, la edad mínima de jubilación en Francia se sitúa en los 62 años, mientras que para cobrar la pensión completa la edad asciende al entorno de los 66 años. El principal objetivo de la reforma es elevar la edad mínima hasta los 64 años, aunque la propuesta inicial de Macron consistía en subirla hasta los 65. Este aumento se ejecutará progresivamente hasta el año 2030.
- Aumento del mínimo de años cotizados. La reforma de Macron pretende adelantar a 2027 el requisito de con 43 años cotizados para cobrar la pensión de jubilación completa. La ley actual, aprobado por François Hollande, posponía esa fecha hasta el 2035.
- Elevación de las pensiones mínimas. Aunque la reforma se basa esencialmente en recortes, también incluye algunas concesiones en materia de gasto que pretenden contentar a la oposición y calmar el clima social. De esta forma, la pensión mínima subirá a casi 1.200 euros netos al mes, cambio que aplicará desde este mismo año.
- Nuevas excepciones. Otra de las concesiones de la reforma consiste en la aplicación de excepciones en en el endurecimiento de las condiciones. Por ejemplo, quienes comenzaron a trabajar antes de los 20 años, podrán podrán jubilarse entre los 58 y los 62, mientras que los militares, bomberos o policías también podrán jubilarse antes.
Con todo, el paquete legislativo para rediseñar las pensiones quiere, en primer lugar, homologar la edad de jubilación al de otros países desarrollados, y es que la edad efectiva a la que los franceses se jubilan ni siquiera llega a los 61 años, frente a los 63 de la OCDE. Al mismo tiempo, solo el 56% de los franceses de entre 55 y 64 se encuentran empleados, frente al 61% de la OCDE. Asimismo, la tendencia a nivel internacional estará marcada por un aumento si cabe mayor progresivo de la edad de retiro conforme a la esperanza de vida, y Francia deberá hacer lo propio para tratar de cuadrar las cuentas.
En este sentido, El Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), organismo público independiente, ha advertido de que el sistema de pensiones actual tendrá un déficit de entre cinco y ocho décimas del PIB anual en los próximos 10 años, y que los números rojos continuarán hasta 2050. De esta forma, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, ha calculado que, sin reforma, la deuda pública aumentará en Francia alrededor de medio billón de euros en 25 años.
Incertidumbre en el parlamento, protestas en la calle
Pese a los esfuerzos puestos por Macron en sacar adelante su reforma de las pensiones, esta tiene en contra al grueso de la población francesa. Así, según una encuesta de Ifop, el 68 % de la ciudadanía está en contra de que la edad mínima de jubilación suba hasta los 64 años, mientras que el 79 % rechaza que ascienda hasta los 65.
Al mismo tiempo, todos los sindicatos se han mostrado radicalmente en contra de la reforma de pensiones, reduciendo el margen de negociación con el Ejecutivo y previendo una complicada situación en las calles, como ya ocurriera en 2019. "Si Emmanuel Macron quiere llevar a cabo su madre de todas las reformas, para nosotros será la madre de todas las batallas", advertían hace días desde el Force Ouvrière (FO).
Inmediatamente después de conocerse los detalles de la reforma, los sindicatos han confirmado movilizaciones generalizadas, con una primera jornada de huelgas y manifestaciones el próximo jueves 19 de enero, aunque solo será el "comienzo". El objetivo será, en palabras de Laurent Berger (CFDT), que esta reforma "no entre en vigor" por ser injusta con los trabajadores más precarios y que el "Gobierno recule".
Y la situación parlamentaria tampoco es fácil. La alianza de Macron cuenta con 251 escaños en la Asamblea Nacional, pero la mayoría absoluta se alcanza con 289. Así que solo quedan dos alternativas:
- Opción A: buscar un pacto con otras fuerzas políticas. Tanto la izquierda como la derecha populista de Le Pen han dejado claro que no apoyarán de ninguna de las maneras un aumento de la edad de jubilación, e incluso proponen reducirla. La única opción para sacar adelante la reforma es alcanzar un acuerdo con Les Républicains (LR), algo que el propio partido de centroderecha ve factible. "No hay ninguna razón para no votar un texto que proponemos todos los años", confirmó Bruno Retailleau, líder de LR en el Senado.
- Opción B: decretazo. Si fracasan las negociaciones parlamentarias, Macron cuenta con un as en la manga para desbloquear la entrada en vigor de su reforma de las pensiones. Sería bajo el amparo del artículo 49.3 de la Constitución, que dota al primer ministro de la capacidad de aprobar determinadas leyes sin la necesidad de debate parlamentario. El riesgo de este método es que la misma herramienta abre un plazo de 24 horas en el que los diputados pueden solicitar una moción de censura, escenario que abriría una crisis de gobierno en el país galo.
Un aviso para España
Aunque la reforma de Macron se materialice, las dudas sobre si esta será suficiente para solventar el problema de las pensiones son claras, y probablemente tendrá que ser secundada por nuevos recortes en los próximos años. Porque no hay reforma que pueda solventar el problema estructural que padece un sistema de reparto -que depende de la evolución demográfica- como el francés o el español. En el año 2000 había 2,1 trabajadores franceses pagando cotizaciones por cada jubilado recibiendo su pensión. En 2020, este ratio ya se situaba en 1,7 trabajadores por pensionista, y en 2070 se espera que se alcancen los 1,2 trabajadores por pensionista. En España, la situación es muy similar: para 2050 solo habrá en nuestro país 1,3 trabajadores por cada pensionista –si nos creemos las optimistas predicciones del INE, porque el escenario real puede ser aún peor–.
De hecho, los métodos que tanto el estado español como el francés utilizan para evitar el colapso del sistema son parecidos: recortar las prestaciones directa o indirectamente (por ejemplo, alargando la edad de jubilación o el periodo de cálculo), elevar las cotizaciones a pagar por el empresario y el trabajador, o trasladar parte del coste a los presupuestos generales, elevándose así la carga fiscal.
En este sentido, Francia implantó hace más de 30 años un impuesto "social" para ayudar al sostenimiento de las pensiones: la Contribución Social Generalizada (CSG), al que posteriormente se unió también la Contribución para el Reembolso de la Deuda Social (CRDSE). En un principio, estos tributos eran prácticamente simbólicos, pero con los años su tasa ha ido aumentando, de forma que hoy en día suponen, en conjunto, casi el 10% del salario de cada francés. De hecho, como ya advirtió Libre Mercado, España ha empezado a apostar por una solución similar. Desde este 2023, todos los salarios pagan un 0,6% en concepto del nuevo tributo diseñado por el ministro Escrivá: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Pese a que el importe es aún reducido, como lo era en un comienzo el impuesto francés, este podría escalar en los próximos tiempos suponiendo un nuevo y creciente lastre en el poder adquisitivo de los trabajadores. Un nuevo parche para tratar de salvar un modelo de pensiones obsoleto y deficitario.