El proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2001 prevé unos ingresos de unos 150.000 millones de pesetas, a recaudar por medio de un canon sobre el "uso del espacio público radioeléctrico".
La verdad es que la excusa para recaudar esos miles de millones no podía ser más falaz. No faltarán quienes sostengan que la justificación para imponer ese canon es la misma que la que asiste a los ayuntamientos cuando cobran a bares y restaurantes por la ocupación de la vía pública con sus terrazas, o a los propietarios de garajes por reservar unos metros de acera para la entrada y salida de sus vehículos. Aun siendo discutible que el destinatario de esos ingresos tenga que ser el ayuntamiento correspondiente -en lugar de los vecinos que soportan las molestias de la terraza o del garaje-, no es menos cierto que el espacio en la vía pública es escaso, y por ello, un bien económico -en contraposición a un bien libre. Por eso precisamente se justifica que ese espacio tenga un precio.
La única limitación que tiene el espacio radioeléctrico es que dos emisores no pueden usar la misma frecuencia de ondas simultáneamente. Los defensores del Estado dirán que es precisamente esta limitación lo que justifica que el Estado asuma la función directora para evitar conflictos potenciales. Sin embargo, el argumento es débil porque si algo se parece al espacio radioeléctrico es Internet -que no necesita de esa clase de árbitros para evitar los conflictos-, o si prefieren otro ejemplo, las rutas marítimas. ¿Cuántos servidores de Internet creen ustedes que existirían en España si el Estado hubiera podido "meter mano" en este sector? Indudablemente muchísimos menos de los que hay ahora. El espacio radioeléctrico es mucho más fácil de controlar que Internet, por eso el número de emisoras de radio es limitado, como lo es el de empresas de telefonía móvil. Y por eso, de momento no existen -toquemos madera- "licencias de servidor de Internet".
No deja de ser irónico que la divisa del Estado moderno, la racionalidad, haya acabado derivando en arbitrariedad. La Administración convierte un verdadero bien libre, como el espacio radioeléctrico, en un bien escaso por métodos coactivos. Y al contrario, un verdadero bien escaso o económico, como el agua, pretende convertirlo en un bien libre... aunque esto último es imposible, como la Economía más elemental, el sentido común y la experiencia de los países comunistas nos enseña, por aquello de "de lo que no cuesta, se llena la cesta"... aunque este es otro tema.
Los padres que hayan regalado a sus hijos pequeños aquellos famosos "walkie-talkies" pueden respirar tranquilos, no obstante. El coste de detectar unas emisiones tan débiles y tan fugaces al "espacio público radioeléctrico" es muy superior al beneficio que la Administración podría obtener con el cobro del impuesto o canon correspondiente. Y además, los niños no se van a lucrar porque harán un uso lúdico de un bien público. En cambio, las empresas de telefonía móvil sobre las que va a recaer el nuevo canon sí se lucran, por eso precisamente hay que penalizarlas con un impuesto, por "insolidarias", al utilizar algo que es de todos -o sea, del Estado- en beneficio propio... y sobre todo porque, si no pagan, se les puede embargar o cerrar el "quiosco" sin ningún problema. Todo en interés del usuario de teléfonos móviles, naturalmente, porque si no, el pobre no sabría que hacer con el dinero que se ahorraría en tarifas telefónicas e impuestos.
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