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Jesús Gómez Ruiz

¿Defensa de la competencia?

Tanto en los medios académicos como en los políticos, una creencia generalizada es que la clave de la competencia y de los mercados eficientes consiste en un número elevado de demandantes y oferentes, sobre todo de éstos últimos. Y cuando este número disminuye, ya sea por acuerdos entre competidores, por fusiones, por absorciones o por quiebras, hay que impedirlo por todos los medios, ya sea a través del Tribunal de Defensa de la Competencia, a golpe de decreto gubernamental, o con generosas subvenciones.

La idea de "cuantos más mejor", aunque en sí no es incorrecta, deviene inexacta cuando se pretende imponer indiscriminadamente a todo tipo de sectores y actividades. Es completamente absurdo obligar a competir por medio de decretos y regulaciones a quienes realmente desean colaborar. Para que un mercado sea eficiente, no es necesario que exista un gran número de competidores en todo momento, sólo es preciso que exista una absoluta libertad de entrada y salida en ese mercado. Esa libertad de entrada y salida se encargará de mantener a raya a los competidores que no satisfagan adecuadamente al consumidor, quienes pronto se verían desplazados por nuevos competidores. En este proceso puede ocurrir que, durante un tiempo, unas pocas empresas -quizá una sola- dominen el mercado, pero eso no quiere decir que la situación vaya a perpetuarse. El caso de IBM, que casi fue expulsada del sector de los ordenadores personales cuando acaparaba la práctica totalidad del mercado, es un ejemplo patente.

Un monopolio sólo puede perpetuarse con la ayuda gubernamental, que suele revestir la forma de regulaciones, subvenciones, licencias exclusivas, etc., que obstaculizan los procesos que tienden a eliminarlo. El cártel eléctrico español -de antigua creación gubernamental, no se olvide- es un buen ejemplo. El Sr. Rato no puede hablar de defensa del consumidor cuando éste todavía no puede elegir la compañía suministradora y cuando el gobierno fija los precios, las cuotas de mercado y el número mínimo de empresas "tolerable".

No me atrevo a poner en duda que Sr. Ministro de Economía ha oído hablar de las economías de escala, esto es, del abaratamiento de los costes de producción y distribución derivados de la concentración empresarial, que necesariamente han de reflejarse en los precios que paga el consumidor si el mercado es plenamente libre. Tal es la razón por la que los hipermercados pueden ofrecer precios más competitivos que los pequeños comercios. Este no es el problema. Los políticos, por razón de su oficio, tienden a ver las cosas en términos de poder, de amigos y enemigos, y a la hora de liberalizar un sector muy intervenido, tienden a evitar concentraciones de poder económico que puedan serles desfavorables, desde su punto de vista. Quizá por esto, se explica que el Sr. Rato haya llegado a la mágica conclusión de que tienen que existir, al menos, cuatro compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico), y que Repsol YPF no pueda entrar en el sector eléctrico absorbiendo Iberdrola. De otro modo, habrá que suponer que el Sr. Ministro posee una clarividencia especial que debería aprovecharse más intensamente. Podríamos preguntarle acerca del número óptimo de charcuterías, de peluquerías, de talleres mecánicos, de floristerías, y, por qué no, de grandes hipermercados: ya sólo quedan dos, Carrefour y Alcampo ¿acaso no habría que proteger al consumidor de esta "grave limitación a la competencia"? Mejor será no dar ideas.

En Libre Mercado

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