El Caso Unió, o el Caso Pallerols, de muy probable financiación irregular del partido de Durán i Lleida, UDC, pone de relieve varias cosas: que la lacra de las financiaciones irregulares de los partidos no es algo que hace tiempo pasó a la historia. Que la Generalitat catalana se ha quedado sin diez mil millones de la Unión Europea por causa de este escándalo. Que Durán i Lleida ha quedado en situación delicada e incómoda ante sus propios coaligados por estos vaciamientos y desviamientos de dineros...
Gran interés, en efecto, tuvieron algunas comunidades autónomas en recibir directamente y gestionar ayudas comunitarias, sin pasar por “el aro” del gobierno del correspondiente Estado. He aquí que ahora mismo, por los probables fraudes de Unió como por errores de la gestión del govern autonómico de Pujol, los ciudadanos catalanes se ven privados de las subvenciones de los dos últimos años, 98 y 99, bloqueadas y retenidas, y que suman por encima de diez mil millones de pesetas. ¿Se imaginan que ese bloqueo de fondos lo hubiera decidido el Gobierno central?
Pues todavía andan discutiendo convergentes y unionistas –coaligados, pero no revueltos- sobre quién tiene que dar cuentas ante quién: ante el Parlament de Cataluña, ante el govern de Pujol, ante las autoridades de Bruselas... Pero, hasta el momento, no ha habido una versión mínimamente satisfactoria que nos cuente quién se lo llevó “crudo”, y mucho menos quién habrá de devolver esas “pelas” en fuga...
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