Condenan a un industrial por cobrar 360 millones a cambio de unos equipos no proporcionados

La Audiencia Nacional ha condenado a Antonio Teruel a tres años y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil por haber cobrado 360 millones de pesetas de ENATCAR a cambio de equipamiento para autocares que no suministró.

La sentencia hace referencia a los magnetoscopios, televisiones en color, audifonía, aire acondicionado y frenos eléctricos con los que los autocares adquiridos venían equipados de fábrica. Teruel fingió suministrar “puesto de común acuerdo para la obtención de un injusto beneficio con quien ostentaba la máxima representación legal de C.T.M., S.A.”, sociedad que se encargó de gestionar la compra. Esa persona, que en la resolución judicial es identificada simplemente con el nombre de Fernando, no ha podido ser juzgada al encontrarse en rebeldía.

Según la sentencia, Teruel presentó las facturas que había confeccionado a las entidades Interleasing, S.A. y Árabe Española de Leasing, S.A. (Aresleasing), encargadas de financiar la operación de compra realizada mediante la modalidad de arrendamiento financiero, obteniendo un total de 359.070.968 pesetas. El industrial condenado se quedó con casi cien millones de pesetas, mientras que el resto del dinero “quedó en poder de este acusado para ser entregado a medida que era requerido a quien a efectos identificadores hemos llamado Fernando”.

El tribunal ha calificado el delito cometido por Teruel como malversación de caudales públicos “al tener ENATCAR el carácter de sociedad estatal”. Esto hace que el dinero pagado por esta sociedad “tenga el carácter de fondos públicos al depender el pago del capital con los intereses de los Presupuestos Generales del Estado”.