El máximo responsable de la petrolera ha exigido al Ejecutivo y al ministro de Economía, Rodrigo Rato, audiencia para fundamentar su clara oposición al proyecto. El gabinete jurídico de la empresa manifiesta que Repsol YPF ha hecho uso de las posibilidades legales de intervenir en el proceso de autorización, que le ha sido reconocido por la Comisión de la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
La solicitud se produce una vez que el TDC ha remitido su informe favorable -aunque con reservas-, al Gobierno, para que se pronuncie y, cuando el proyecto ha entrado en la fase más importante. El Ejecutivo deberá decidir sobre la fusión el 9 de febrero, por lo que Cortina ha solicitado entrevistarse urgentemente con Rato y quemar el último cartucho.
El documento que obra en poder de Rodrigo Rato califica la operación de «ilegal», por cuanto que atenta contra los principios básicos de la liberalización eléctrica y contra la competencia que el Ejecutivo quiere establecer. Argumenta que los nuevos operadores no tendrán ni el tamaño ni la estructura necesarios para hacer frente al grupo que se crearía con Endesa e Iberdrola juntas. En este mismo sentido, recuerda que el artículo 16 del Real Decreto Ley del pasado junio del 2000 prohíbe, igualmente, a Endesa y a Iberdrola aumentar la potencia eléctrica instalada. Las dos compañías unidas controlan ahora el 80% del mercado eléctrico, por lo que se produciría un monopolio de hecho, con cuotas de mercado inaceptables en la producción, distribución y la comercialización de energía.
Cortina va más allá e insiste en que Endesa e Iberdrola no han definido ni notificado el «plan de desinversión de activos», como tampoco han establecido plazo y fecha para la venta de sus instalaciones. La petrolera estima que la venta de centrales debería hacerse mediante subasta.