Si se considera sólo la variable crecimiento económico, Chile muestra un resultado positivo para el año 2000. Creció en torno al 5%, recuperándose de un año anterior en que el producto había caído por primera vez desde 1985. El problema es que este mayor crecimiento no se refleja en el comportamiento de los consumidores, ni tampoco se torna atractivo para nuevos inversionistas.
Lo primero se debe a que los chilenos viven en la incertidumbre en materia de empleo. La tasa de cesantía es alta y en febrero se incrementó levemente. Los desempleados no son buenos consumidores, y quienes tienen trabajo no perciben que su situación sea lo suficientemente estable como para consumir mas allá de lo necesario y menos para contraer deudas. Las expectativas siguen estando condicionadas por la prolongada etapa recesiva que se ha vivido en los últimos años.
Lo segundo es responsabilidad gubernamental. Hay señales contradictorias en el manejo de los asuntos públicos e incoherencias en la alianza de gobierno en temas tan sensibles como el tributario. Inicialmente el gobierno había acogido la proposición de algunos senadores de la Democracia Cristiana en orden a rebajar el impuesto a las personas, liberando así recursos para fortalecer la inversión, el ahorro y el consumo. Sin embargo, el Partido Socialista vetó la iniciativa y todo quedó paralizado.
Hay otras áreas con incertidumbre para los inversionistas. En la laboral, el gobierno pretende más rigideces con regulaciones favorables a un sindicalismo tradicional y confrontacional. En el medio ambiente, además de una frondosa y engorrosa burocracia, se cede con demasiada facilidad a las presiones fundamentalistas. En el terreno agrícola-forestal, en el sur del país, no hay voluntad política clara para garantizar el derecho de propiedad ante las usurpaciones que perpetra el indigenismo radicalizado. En la eléctrica –donde hay intereses españoles— se promueve una alteración de la normativa incrementando la intervención del Estado. Igual cosa sucede en los sectores de las telecomunicaciones y de servicios financieros, también con capitales españoles involucrados.
La proliferación de regulaciones, que evidencian el retorno de viejos y gastados esquemas socialistas, genera inquietud entre los inversionistas en cuanto perciben que Chile comienza a perder lo que era hasta ahora una de sus fortalezas en el ámbito de la economía: la estabilidad en las reglas del juego. Y esto se traduce, inevitablemente, en menos inversiones y más desempleo.
Cierto es que el gobierno ha procurado reactivar la economía con planes especiales de reprogramación de deudas para las pequeñas y medianas empresas, con planes de inversión pública, con apoyo a la baja de las tasas de interés decretada por el Banco Central y con un sano control del gasto. Sin embargo, todo esto ha resultado insuficiente, por cuanto en Chile hay una profunda crisis de confianza.
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