Doña Miriam Municio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, declaró a El País que su formación se opone a cualquier tipo de restricción a la entrada a la Universidad: cada cual debería poder elegir la carrera que prefiera sin ningún límite, para lo cual hay que “crear” más plazas. Y concluyó: “Reivindicamos que la educación se estructure atendiendo a las necesidades sociales y no a los intereses de los empresarios”.
Las plazas de las universidades públicas no se “crean”, al depender del gasto público, y no de la voluntad expresa de los ciudadanos; toda nueva plaza exige una mayor coacción sobre el dinero de los contribuyente; así, se “crea” una plaza destruyendo riqueza o impidiendo que se la apropien sus legítimos propietarios, los trabajadores y los empresarios.
Sólo una visión tribal del mundo puede igualar al poder político con la sociedad. Sólo un “pensamiento único” esclavo de los dogmas convencionales puede identificar la coacción del Estado con los “intereses sociales”. En realidad, la única forma de que Miriam Municio vea alcanzados sus ideales y que la educación refleje los intereses de la sociedad es dejar que la gente se conduzca libremente sin usurpar el dinero ajeno. Los empresarios, esa institución perversa para el “pensamiento único”, son precisamente los que articulan eficazmente las demandas sociales, no porque sean ángeles, sino porque la competencia les fuerza a ello.
La alternativa a los empresarios no es “la sociedad” sino la redistribución de la renta a cargo de los poderes públicos, una redistribución siempre injusta, pero nunca tan injusta como en la universidad, donde unos jóvenes de clase media y alta ven cómo sus estudios son financiados con los impuestos que paga la clase obrera. Y la joven Municio pretende en su desvarío que se “creen” más plazas y que los estudiantes no enfrenten restricción alguna, o sea, que aumente aún más la explotación fiscal de los trabajadores en beneficio de una minoría de irresponsables.
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