El gobierno francés, a través de Elisabeth Guigou, ministra de Empleo, adoptó medidas falangistas que aumentarán el paro. Las nuevas regulaciones laborales galas habrían hecho las delicias de Solís: se trata de endurecer las condiciones del despido, duplicando su indemnización, aumentando las facultades de los comités de empresa e incluso obligando a las empresas a “reindustrializar” las áreas que abandonan.
Parece claro que hay socialistas que aún no se han enterado absolutamente de nada; en efecto, sólo desde la más supina ignorancia puede concluirse que la obstrucción del despido y la elevación de los costes de las empresas propicia el empleo: su efecto es exactamente el contrario, como bien sabemos los españoles, porque en ningún país europeo ha sido más difícil y costoso despedir a un trabajador y en ningún país han padecido más paro que aquí. Las autoridades tienen una misión importante para fomentar el empleo: quitarse de en medio. No es esa la idea de Madame Guigou.
Se dirá que manda la coyuntura política, que hay elecciones presidenciales la próxima primavera, y que los casos sonados de Marks & Spencer y de Danone obligaban a los gobernantes a “hacer algo” para impedir los despidos masivos. Pero lo primero que deben hacer es pensar si esos despidos no se han producido precisamente por la regulación política, por los impuestos y los costes impuestos al mercado de trabajo por las diversas Administraciones Públicas. Por tanto, pretender resolver el problema con más intervención política sería, como decía Ortega, pedir el retorno de lo que fue la causa del trastorno.
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