En las últimas semanas ha sido notorio el hostigamiento de parte de sectores sindicales y movimientos ambientalistas en contra de algunas importantes inversiones españolas en Chile. Los sindicatos de Telefónica, por ejemplo, han comenzado a movilizarse ante el plan de reestructuración que la Compañía a la vista de las pérdidas en los pasados ejercicios financieros. Esto ha significado reducción de personal y elaboración de nuevas propuestas tarifarias para ser presentadas a la autoridad reguladora de un mercado fuertemente competitivo.
No se trata de despidos ilegales, sino por el contrario de situaciones plenamente contempladas en los contratos de trabajo, recibiendo los trabajadores afectados las indemnizaciones que oportunamente se pactaron. El propio presidente de la República, pese a que sectores que respaldan su gobierno reclamaban una actitud interventora de su parte, ha señalado que se trata de un problema de carácter privado que involucra a una empresa con sus trabajadores.
Cerrada la posibilidad de lograr que el gobierno intervenga presionando a la Compañía, lo que sin duda sería una muy mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros, miembros del sindicalismo más radicalizado han promovido diversas movilizaciones ante las instalaciones de la empresa. Se ha llegado incluso a la violencia intimidatoria, como aconteció en una ciudad del centro del país, donde se colocó un artefacto explosivo en el acceso a una oficina de la empresa Telefónica.
De otra parte, en el sur de Chile comienza a vivirse un invierno muy crudo, con crecidas de los ríos y las consiguientes inundaciones. Una de ellas afectó al río Biobío, cuyas represas son utilizadas por Endesa para generar electricidad. La crecida del caudal de las aguas, como siempre ha ocurrido, ha afectado a poblaciones marginales de algunos pueblos ribereños ubicados a considerable distancia de los embalses. Pues bien, los grupos ambientalistas más politizados han responsabilizado de esto a la empresa española y han demandado del gobierno –sin encontrar apoyo– que paralice la construcción de la represa Ralco.
Se trata en uno y otro caso, de la instrumentalización de problemas sociales de distinta naturaleza y que no tienen relación alguna con la nacionalidad de los propietarios de las empresas, para reactualizar un discurso intimidatorio de la vieja izquierda nostálgica del intervencionismo estatal. Se trata de oponerse a las transnacionales como expresión de un capitalismo cuya muerte tantas veces han anunciado, adortunadamente sin éxito en sus predicciones.
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