El caso Sintel proporciona una serie de lecciones que desgraciadamente no serán aprendidas. Es un claro ejemplo de que lo que hoy se suele entender por justo no tiene nada que ver con la esencia ética de la justicia, que es el respeto de los derechos de propiedad privada. Como de costumbre, pagan justos por pecadores.
Un colectivo de trabajadores se encuentra con un problema de suspensión de pagos y pérdida de empleo. Para llamar la atención de la opinión pública y de los políticos sobre sus reivindicaciones laborales, no se conforman con manifestarse temporalmente o recurrir a los tribunales, sino que instalan un campamento en la principal calle de la capital, donde varios cientos de personas permanecen durante seis meses. Cometen diversas infracciones de ocupación de espacios públicos, pero nadie hace nada por evacuarlos, ya que aparentemente se han ganado las simpatías de la opinión pública y hay que evitar el escándalo político de un desalojo por la fuerza. O sea que cuanto mayor y más consistente es la agresión a la propiedad ajena (en este caso pública, circunstancia agravante del problema) menos deben intervenir las fuerzas de seguridad, no sea que alguien resulte ofendido. Después de esta evidente falta de autoridad contra los agresores, sorprende que haya personas que aún piensen que los gobiernos están para hacer que se cumpla la ley. Si se puede invadir impunemente un espacio colectivo para reivindicar justicia, ¿para qué están entonces los tribunales?
Lo políticamente correcto ha sido y es manifestarse a favor del "campamento de la esperanza". De la esperanza de que el gobierno ceda ante el chantaje y les resuelva su problema metiendo como siempre la mano en los bolsillos de los contribuyentes inocentes. Tener un problema, por grave que sea, no legitima para obligar por la fuerza a quienes no lo han causado a participar en su resolución. Pero a los sindicalistas jamás se les pasará por la cabeza buscarse otro trabajo, reciclarse profesionalmente o convertirse en empresarios. O esperar la sentencia de los tribunales si ha habido algún tipo de fraude o malversación. La cultura predominante es no hacer nada productivo por sí mismo, que papá Estado lo solucionará todo.
Ganarse a la opinión pública, dar pena (siempre hay que mencionar a las familias dependientes), caer bien a la gente, que te apoyen algunos políticos, que ciertos pseudointelectuales se solidaricen con tu causa (es gratis y mejora tu imagen en ciertos sectores), no es lo mismo que tener razón o derechos para exigir justicia. Al parecer incluso debemos agradecerles que no hayan cortado la circulación, faltaría más, y que se hayan esforzado en dejarlo todo muy "limpio" ("sólo" han dejado unos cuantos cientos de toneladas de basura).
El plan social (a todo lo que es fundamentalmente injusto y contrario a la ética hay que calificarlo como "social" para despistar) para "resolver" este conflicto consiste en créditos millonarios (¡qué generoso es el Estado con el dinero ajeno!), prejubilaciones (a casita a descansar y a ser mantenidos), bajas incentivadas, y recolocación en empresas del sector. Si Telefónica es una empresa privada, ¿cómo es que el gobierno puede presionarla para que intervenga en este asunto?; ¿y cómo pueden contratar a trabajadores que han estado insultándolos sistemáticamente durante todo este tiempo? Si este plan es justo, ¿cómo es que no se hizo hace meses?
Este es un ejemplo de libro de los problemas de la elección pública: el beneficio concentrado en un grupo de presión organizado y con fuertes incentivos para presionar al gobierno, y el coste diluido entre millones de contribuyentes que ni se pueden organizar ni tienen suficiente motivación para defenderse de la agresión fiscal. Las lágrimas de felicidad, los abrazos y la fiesta los monopolizan los trabajadores de Sintel. Los que realmente pagan la factura no se van a echar a llorar al ver que les han vuelto a robar, están más que acostumbrados y la dejadez es la norma.
Como al final han conseguido lo esencial de sus objetivos, este episodio sienta un grave precedente fácilmente repetible al que intentarán acogerse todos los futuros protestarios: no sería equitativo tratarles de otra manera. La lección es que se premia a los que causan problemas, no a los trabajadores pacíficos que, habiendo perdido su trabajo, no se manifiestan de forma permanente frente a un Ministerio. Algunos "esquiroles" no formaron parte del campamento, y cinco empleados de Sintel rechazaron el plan: ¿será porque son honrados o es que querían todavía más?
Los miembros del campamento son ahora felicitados por su tenacidad, por haber plantado cara a la indiferencia. Imagínese lo que sucedería si toda persona que tuviera un problema, del tipo que sea, intentara llamar la atención de los demás para que se lo solucionen, en lugar de hacerlo ellos mismos: caos e inactividad total al intentar todo el mundo vivir a costa de sus semejantes. Y si van a acusarme de falta de sensibilidad, les garantizo que mi solidaridad está con los ciudadanos honrados que injustamente van a tener que asumir los costes de este esperpento.
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