L. D. / EFE.- El Plan Nacional de Vehículos al Final de su Vida Util o VFU 2001-2006, aprobado a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, establece la gestión del vehículo como un conjunto de residuos y precisa la descontaminación (separación y reciclado independiente de los componentes que tienen la condición de residuos peligrosos), la reutilización y el reciclado de los materiales. Además, establece la creación de una red de Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación (CARD) que cubra todo el territorio nacional y donde se depositarán los vehículos fuera de uso.
En estos centros se descontaminarán y eliminarán líquidos y gases y se separarán todos los materiales del vehículo para que cada residuo sea enviado a un gestor especializado para su reciclado o reutilización. Los fabricantes, vendedores, distribuidores y aseguradoras deberán asumir la obligación de recuperar y valorar los coches fuera de uso, de forma que el coste para el propietario final sea nulo. Sin embargo, especialistas consultados por Libertad Digital afirmaron que lo más probable sea que los fabricantes carguen en el precio final del vehículo los costes para su reciclado al concluir su vida útil.
El Ministerio de Medio Ambiente asegura que el parque automovilístico español es relativamente viejo, dado que el 40 por ciento de los turismos en circulación tienen más de diez años. Para el periodo de vigencia del plan se calcula que más de un millón de vehículos al año quedará en desuso. La mayoría de los vehículos del mercado español están constituidos en un 75 por ciento por metales que son reciclables como chatarra, según Medio Ambiente, que recuerda que casi todos los materiales extraíbles son reciclables.
Hasta ahora los vehículos fuera de uso en España se gestionaban de forma "insatisfactoria", ya que "generalmente eran entregados a desguaces", según el Gobierno. Se calcula que existen unas 3.500 instalaciones de este tipo ilegales y sin control ambiental y algunas de las piezas o componentes de estos vehículos eran reutilizados sin excesivo control para vehículos viejos y el resto, enviado como chatarra, sin previa descontaminación.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, los objetivos concretos del plan son aprobar una norma que regule las exigencias y requisitos técnicos y ambientales de los CARD, de modo que estos centros recojan y valoren al menos el 80 por ciento de vehículos fuera de uso en 2002 y el cien por cien de los que estén fuera de uso en el 2006. Además, se pretende reutilizar y valorar al menos el 85 por ciento en peso de los vehículos fuera de uso antes del 2005 –se calcula un peso medio de 800 kilogramos por vehículo– y el 75 por ciento para los vehículos fabricados antes de 1980.
Otro de los objetivos del plan es crear un sistema estadístico de generación de datos sobre estos vehículos y su gestión, para integrarlos en el futuro Inventario Nacional de Residuos, donde se estudiará la información siguiendo un modelo unificado que será elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con las Comunidades Autónomas. Para el logro de estos objetivos, se creará antes del 2003 una red de unos 1.085 centros autorizados en las diferentes Comunidades Autónomas a partir de la remodelación de los locales de desguace que admitan su adaptación a los nuevos requisitos ambientales –el resto serán clausurados–.
También se instalará una red de "fragmentadoras", donde, una vez descontaminado el vehículo, se dividirá para enviar cada material –la chatarra– al gestor correspondiente para su reciclado. El plan será financiado principalmente por el sector privado y muchos de los centros o instalaciones previstos serán de propiedad particular, al tiempo que el servicio que presten será abonado por los productores o los responsables de la gestión de estos residuos. Cuando los promotores de los centros sean entidades públicas, los proyectos podrán acogerse a fondos europeos.
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En estos centros se descontaminarán y eliminarán líquidos y gases y se separarán todos los materiales del vehículo para que cada residuo sea enviado a un gestor especializado para su reciclado o reutilización. Los fabricantes, vendedores, distribuidores y aseguradoras deberán asumir la obligación de recuperar y valorar los coches fuera de uso, de forma que el coste para el propietario final sea nulo. Sin embargo, especialistas consultados por Libertad Digital afirmaron que lo más probable sea que los fabricantes carguen en el precio final del vehículo los costes para su reciclado al concluir su vida útil.
El Ministerio de Medio Ambiente asegura que el parque automovilístico español es relativamente viejo, dado que el 40 por ciento de los turismos en circulación tienen más de diez años. Para el periodo de vigencia del plan se calcula que más de un millón de vehículos al año quedará en desuso. La mayoría de los vehículos del mercado español están constituidos en un 75 por ciento por metales que son reciclables como chatarra, según Medio Ambiente, que recuerda que casi todos los materiales extraíbles son reciclables.
Hasta ahora los vehículos fuera de uso en España se gestionaban de forma "insatisfactoria", ya que "generalmente eran entregados a desguaces", según el Gobierno. Se calcula que existen unas 3.500 instalaciones de este tipo ilegales y sin control ambiental y algunas de las piezas o componentes de estos vehículos eran reutilizados sin excesivo control para vehículos viejos y el resto, enviado como chatarra, sin previa descontaminación.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, los objetivos concretos del plan son aprobar una norma que regule las exigencias y requisitos técnicos y ambientales de los CARD, de modo que estos centros recojan y valoren al menos el 80 por ciento de vehículos fuera de uso en 2002 y el cien por cien de los que estén fuera de uso en el 2006. Además, se pretende reutilizar y valorar al menos el 85 por ciento en peso de los vehículos fuera de uso antes del 2005 –se calcula un peso medio de 800 kilogramos por vehículo– y el 75 por ciento para los vehículos fabricados antes de 1980.
Otro de los objetivos del plan es crear un sistema estadístico de generación de datos sobre estos vehículos y su gestión, para integrarlos en el futuro Inventario Nacional de Residuos, donde se estudiará la información siguiendo un modelo unificado que será elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con las Comunidades Autónomas. Para el logro de estos objetivos, se creará antes del 2003 una red de unos 1.085 centros autorizados en las diferentes Comunidades Autónomas a partir de la remodelación de los locales de desguace que admitan su adaptación a los nuevos requisitos ambientales –el resto serán clausurados–.
También se instalará una red de "fragmentadoras", donde, una vez descontaminado el vehículo, se dividirá para enviar cada material –la chatarra– al gestor correspondiente para su reciclado. El plan será financiado principalmente por el sector privado y muchos de los centros o instalaciones previstos serán de propiedad particular, al tiempo que el servicio que presten será abonado por los productores o los responsables de la gestión de estos residuos. Cuando los promotores de los centros sean entidades públicas, los proyectos podrán acogerse a fondos europeos.
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