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Fernando Serra

Los keynesianos del PP

Los keynesianos del PP

Fernando Serra

Una nefasta consecuencia del atentado terrorista del 11 de septiembre es que está despertando a muchos keynesianos que parecían dormidos. No resulta nada extraño que este renovado interés por la demanda agregada como factor esencial para mover la economía surja en las filas socialistas y que se aplauda la inyección de liquidez, las ayudas a empresas en crisis y el aumento del gasto público.

Pero sorprende que también en las filas del Gobierno se oigan voces que justifiquen y toleren un déficit presupuestario si éste es de sólo unas décimas o coyuntural, como afirman José Folgado y Jaime Caruana. Vienen a decir que un “poquito” de déficit no significa volver a políticas keynesianas. Es cierto que el déficit padecido durante la etapa socialista, que llegó al 6,6 % en 1995, y la deuda pública, que se elevó hasta el 68,1 % del PIB un año después, fueron de naturaleza estructural y no coyuntural. Pero se equivocan estos renovados keynesianos si creen que su mentor admitía los déficit estructurales.

Muy al contrario, Keynes defendió el desequilibrio para reactivar una economía en momentos en que se debilitaba la demanda y la actividad, pero luego recomendaba corregir las cuentas e intentar establecer el equilibrio a largo plazo. Es decir, no admitía que el déficit y la deuda crecieran también en épocas de expansión, cuando los ingresos públicos aumentaban por una mayor actividad económica e, incluso, por un incremento de la presión fiscal.

Es justo reconocer, por tanto, que Keynes no se mostró partidario de que el déficit se incrementara indefinidamente; y Hayek aseguró que si el economista británico hubiera vivido más se hubiera opuesto a las políticas seguidas por los gobiernos que tanto han actuado bajo su inspiración. En este sentido, los gobiernos de Felipe González se “pasaron” de keynesianos y son ahora algunos políticos del PP los auténticos ortodoxos.

El problema es que también el esquema keynesiano ortodoxo es erróneo. En esencia, cambia por completo el sentido de la Ley de Say y viene a decir que las políticas públicas actúan como si la demanda creara su propia oferta. Es decir, sostiene que si la gente tiene suficiente poder de compra, todo lo demás se dará por añadidura.

Pero el déficit, tarde o temprano, hay siempre que pagarlo y es de manual que sólo caben tres vías: más impuestos, más liquidez monetaria o más deuda pública. Y si el déficit es, además, estructural, ha de pagarse con mayores impuestos, con inflación o con desempleo, según sea la vía elegida para financiarlo.

Si el Estado recurre a aumentar el dinero en circulación con una política monetaria más laxa, la inflación crecerá, y si emite deuda pública se ve abocado a elevar los tipos de interés para poder colocarla, con el consiguiente freno de la inversión privada y, en consecuencia, del empleo.

En definitiva, cualquiera de sus efectos, es decir, subida de precios, dinero más caro o menos puestos de trabajo, inciden sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Un ejemplo más de las nefastas consecuencias sociales de las políticas de izquierdas que también defienden algunos responsables del PP.

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