Los expertos cada vez dudan más del mantenimiento de la convertibilidad. Y sus razones son sólidas. Michael Mussa, ex economista jefe del FMI, considera que el último préstamo del FMI ha sido algo así como intentar mantener a flote el Titanic cuando ya ha chocado contra el iceberg. Según publicó en el Financial Times, el primer canje de deuda ha transformado 12.000 millones de dólares a corto plazo en 66.000 millones a largo plazo. El tipo de interés implícito que resulta de esta operación (un 20% a 10 años) está mucho más allá de las posibilidades reales de crecimiento de la economía argentina, por optimistas que puedan ser los pronósticos.
El segundo intento por refinanciar la deuda y evitar la devaluación ya no podrá hacerse, lógicamente, a precios de mercado. En este sentido, Cavallo ha anunciado una opción de refinanciación de la deuda pública estatal y provincial (92.000 millones de dólares en total) con un tipo de interés máximo del 7%, reembolsable en el 2010, y garantizada con la recaudación impositiva. Se supone que el canje es voluntario, aunque hay que considerar que gran parte de la deuda argentina es con instituciones financieras extranjeras. Se trata, pues, de un pequeño “chantaje”. Ante la disyuntiva de tener que considerar incobrables los créditos a Argentina y llevarlos a pérdidas, los acreedores extranjeros entre los que se encuentran los principales bancos españoles preferirán apurar la esperanza.
Sin embargo, el daño ya está hecho, puesto que esta medida es en realidad una devaluación encubierta. El estado argentino transfiere sus dificultades financieras a sus acreedores. Aceptar unos bonos a nueve años que devengan el 7% cuando el tipo de interés de mercado para la deuda argentina está cerca del 30%, supondrá para sus tenedores una pérdida de casi dos terceras partes del capital si a día de hoy intentaran vender esos bonos en el mercado.
Por otra parte, aunque la carga financiera se habrá reducido sensiblemente con el canje, los intereses de la deuda no bajarán de los 10.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que la recaudación fiscal prevista para el 2001 apenas superará los 54.000 millones de dólares, y que las cifras de déficit que aporta Mussa son de entre 12 y 15 mil millones de dólares, es inevitable formular la siguiente pregunta: ¿Cómo garantizará, el Gobierno argentino sus bonos? Aunque Cavallo asegure que Argentina utilizará los créditos de los organismos internacionales “sólo para fomentar el crecimiento económico y no para financiar la deuda pública”, no se explica cómo podrá cumplir su palabra si no reduce drásticamente los gastos.
Mussa, aunque no lo dice explícitamente, cree que la quiebra de la caja de conversión es segura, puesto que las reservas de divisas no serán suficientes para atender a la convertibilidad y financiar el déficit fiscal. Según él, la única salida para Argentina es dejar flotar libremente el peso y redenominar automáticamente en pesos la deuda doméstica argentina contraída en dólares, haciéndose eco de la propuesta de Ricardo Haussmann. Para Mussa, sólo en estas condiciones tendrían sentido la ayuda internacional y los rescates del FMI.
Otros expertos, como Dora de Ampuero, creen que la dolarización salvaría a Argentina, ya que le obligaría a tomar las medidas fiscales necesarias para equilibrar los presupuestos y le permitiría renegociar su deuda a tipos de interés mucho más bajos, como ha sucedido en Ecuador. Sin embargo, esta medida también supondría una devaluación, ya que el banco central argentino no dispone de suficientes divisas para devolver un dólar por cada peso, aunque al menos aseguraría la rectitud financiera en el futuro, porque impediría al estado y a las provincias gastar más de lo que ingresaran.
En cualquier caso, lo evidente es que sólo un drástico recorte del gasto público y una sensible mejora de la recaudación impositiva devolverían la confianza a los inversores y salvarían la situación. Este era precisamente el programa de López Murphy, el antecesor de Cavallo. Pero la debilidad política del Gobierno de De la Rúa, que cedió a la tozudez de las provincias y la violencia sindical, hizo imposible su puesta en práctica. En realidad, más que económico, el problema de Argentina es político.
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