Las aerolíneas ya estaban en problemas antes del 11 de septiembre y su situación ha empeorado desde entonces. Pero esa no es razón suficiente para los generosos subsidios del gobierno ni para la ayuda federal a otras industrias que han sufrido por la recesión ocasionada por el ataque terrorista.
A principios de septiembre, los altos precios del combustible y la caída de la demanda de pasajeros ya habían reducido las ganancias de las líneas aéreas, empujando a algunas hacia la bancarrota. La dramática caída en los viajes aéreos a partir del 11 de septiembre empeoró la situación. Los precios de las acciones de las líneas aéreas cayeron en más de 40% y no se han recuperado.
Las aerolíneas utilizaron los ataques terroristas como justificación de grandes subsidios, y el Congreso respondió. Una junta de funcionarios federales encabezada por el gobernador de la Reserva Federal, Edward Gramlich, ha sido autorizada para otorgarles 10 mil millones de dólares en préstamos respaldados por el gobierno. Otros 5 mil millones de dólares están siendo donados directamente por el gobierno a las líneas aéreas.
Esta ayuda, a la que quizá seguirán otras, no es recomendable porque los accionistas, los financiadores, los proveedores y los empleados de las aerolíneas son quienes deberían asumir el costo de la recesión provocada por los secuestros y los ataques terroristas.
Las aerolíneas han de ser compensadas por las pérdidas ocasionadas por el tiempo en que los aeropuertos se mantuvieron cerrados. Y el Congreso protegerá a las líneas aéreas de las demandas judiciales. Pero en lugar de subsidios sería mejor para la economía flexibilizar algunas regulaciones, incluyendo la fusión con aerolíneas extranjeras y permitir a aerolíneas extranjeras transportar pasajeros en vuelos nacionales.
La ayuda gubernamental a las aerolíneas es un mal precedente para otras industrias que están sufriendo por la recesión causada por el ataque terrorista. Compañías de seguros, hoteles y otras están también pidiendo ayuda gubernamental y sus argumentos no son más débiles.
Es cierto que sin la ayuda del gobierno algunas aerolíneas hubieran podido ir a la quiebra, como también les puede suceder lo mismo a hoteles y a compañías de seguro. Pero los más fuertes sobrevivirán, reducirán su endeudamiento y emergerán más sólidas financieramente que antes. Los subsidios principalmente retrasan los ajustes necesarios ante una menor demanda y preocupación por la seguridad. Es más, ayudar a mantener a las empresas débiles perjudica a las fuertes, las cuales tienen entonces que competir contra compañías subsidiadas. Las fuerzas nacionales e internacionales del mercado son mucho más eficaces para determinar quién sobrevive y cómo que los funcionarios gubernamentales expuestos a las presiones políticas y a los lobbies.
El gobierno federal debe determinar estrictas normas de seguridad y vigilar su cumplimiento, pero la implementación y el costo debe ser dejado en manos de los aeropuertos y de las líneas aéreas. La seguridad es uno de los costes que conlleva el viajar; lo mismo que el combustible, los aviones y los pilotos ese costo debe ser asumido por los pasajeros.
Mayor seguridad se traduce inevitablemente en más tiempo para embarcar. El costo de esa espera no se ve en los estados financieros de las líneas aéreas, pero puede desalentar a mucha gente, que deja entonces de viajar por avión. Como actualmente hay unos 800 millones de segmentos de vuelo por pasajero en las aerolíneas de Estados Unidos, una hora adicional o inclusive media hora de retraso en cada segmento reduciría considerablemente la demanda.
Si las aerolíneas son responsables por la seguridad, ellas tendrán que contratar más personal, añadir puntos de control e introducir otros cambios para evitar esperas innecesarias. Las aerolíneas ya aligeran los trámites de los pasajeros de primera clase y a los que viajan con frecuencia, dándole más valor al tiempo de estos. El Subcomité de Seguridad Aérea de la Cámara de Representantes considera que un cargo de 3 dólares a cada pasaje será suficiente para pagar por la seguridad adicional. La mayoría de los pasajeros pagarían más del doble de esa cantidad para reducir las colas en 30 minutos.
Los demócratas en el Congreso argumentan que el personal privado no puede garantizar una seguridad adecuada en los aeropuertos y que el gobierno debe encargarse de la seguridad con funcionarios federales. Sin embargo, la aerolínea israelí El Al y los aeropuertos europeos, los cuales son más estrictos en seguridad que los de Estados Unidos, utilizan principalmente servicios privados de seguridad. Pero me temo que los administradores de los aeropuertos decidirán que las largas colas es un costo inevitable de viajar por avión, como las largas colas en las gasolineras en los años 70 se atribuían al alto precio del petróleo, aunque fue causado porque el gobierno racionó la gasolina.
Los ataques del 11 de septiembre fueron terribles, y no hay necesidad de utilizarlos como excusa para gastar en una industria políticamente poderosa. El error de la apresurada ayuda a las líneas aéreas no debe ser empeorado con más asistencia a este y a otro sectores, que quieren aprovecharse de la situación.
©AIPE
Gary S. Becker, premio Nobel de Economía en 1992, es profesor de Economía de la Universidad de Chicago.
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