L. D. / EP.- El magistrado ha aceptado así la petición del fiscal, que basa su solicitud de que declare Giménez-Reyna en parte del contenido de su segunda declaración ante la juez que instruye el "caso Gescartera", Teresa Palacios. En aquella ocasión, la ex presidenta de la agencia de valores comentó que una persona que tenía sus fondos en el BBVA Privanza los traspasó a Gescartera, con lo que han desaparecido. Fuentes jurídicas señalaron que la hermana de Enrique Giménez-Reyna, en prisión incondicional desde el pasado día 19 de septiembre por orden de la juez Palacios, acudirá a declarar en calidad de testigo ante el juez Garzón. Fuentes de su defensa indicaron que la imputada en el "caso Gescartera" no tiene ninguna vinculación con el BBVA Privanza.
El pasado 18 de septiembre, el juez Garzón tomó declaración a tres imputados que ostentan o han ostentado responsabilidad en el BBVA Privanza, bajo la acusación de haber colaborado con un presunto delito fiscal. Se trata de Carlos Delclaux Zulueta, Manuel López López, director general del BBVA Privanza Bank (Jersey), y Gabriel Jesús Moreno González. El contenido de sus declaraciones, al igual que el de las que prestaron los testigos Fernando Tapiz Bravo e Ignacio Mateo Serrano, no trascendieron, al estar secreta la causa hasta determinar si la actuación del BBVA Privanza permitió la comisión de delitos fiscales. Fuentes jurídicas se limitaron a señalar que el motivo de las citaciones era investigar un posible delito de evasión de divisas a paraísos fiscales.
Según el informe que el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, David Martínez Madero, aportó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, una vez que un cliente potencial (los que, según los folletos, tuvieran un patrimonio a administrar igual o superior a 500.000 dólares -unos 98 millones de pesetas-) se ponía en contacto con el grupo BBVA para materializar una operación de ciertas características, era remitido a BBVA Privanza Banco. De ahí, que para el Ministerio Público existan indicios de "una eventual cooperación necesaria del banco (BBVA) en conductas presuntamente incursas en delitos contra la Hacienda Pública consecuentes a la no inclusión en las correspondientes declaraciones tributarias de los patrimonios de sus clientes. Esta realidad fiscal se ocultaría por medio del elenco de estructuras facilitadas ad hoc por su filial Canal Trust Company Limited".
El pasado 18 de septiembre, el juez Garzón tomó declaración a tres imputados que ostentan o han ostentado responsabilidad en el BBVA Privanza, bajo la acusación de haber colaborado con un presunto delito fiscal. Se trata de Carlos Delclaux Zulueta, Manuel López López, director general del BBVA Privanza Bank (Jersey), y Gabriel Jesús Moreno González. El contenido de sus declaraciones, al igual que el de las que prestaron los testigos Fernando Tapiz Bravo e Ignacio Mateo Serrano, no trascendieron, al estar secreta la causa hasta determinar si la actuación del BBVA Privanza permitió la comisión de delitos fiscales. Fuentes jurídicas se limitaron a señalar que el motivo de las citaciones era investigar un posible delito de evasión de divisas a paraísos fiscales.
Según el informe que el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, David Martínez Madero, aportó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, una vez que un cliente potencial (los que, según los folletos, tuvieran un patrimonio a administrar igual o superior a 500.000 dólares -unos 98 millones de pesetas-) se ponía en contacto con el grupo BBVA para materializar una operación de ciertas características, era remitido a BBVA Privanza Banco. De ahí, que para el Ministerio Público existan indicios de "una eventual cooperación necesaria del banco (BBVA) en conductas presuntamente incursas en delitos contra la Hacienda Pública consecuentes a la no inclusión en las correspondientes declaraciones tributarias de los patrimonios de sus clientes. Esta realidad fiscal se ocultaría por medio del elenco de estructuras facilitadas ad hoc por su filial Canal Trust Company Limited".