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Como el guiñol de Hilario Pino, aseguró el parlamentario del PP Fernando Fernández de Trocóniz, presidente de la Comisión del Pacto de Toledo: “todos rechazamos, por su inviabilidad financiera, el cambio del sistema actual de reparto por un sistema puro de capitalización”. Y José Antonio Griñán, del PSOE, no titubeó al proclamar: “Aumentar la natalidad es uno de los objetivos prioritarios de la sociedad española”.

Está claro que cuando el señor Trocóniz dice “todos”, se está refiriendo a todos los políticos y no a todos los ciudadanos, pero la hipertrofia intervencionista de las democracias modernas conduce de tal modo a la identificación tribal y fascistoide entre política y sociedad que se supone con sistemática alegría que todo consenso político equivale a un consenso social. Entonces, si todos los políticos están de acuerdo en no devolver las pensiones a sus legítimos propietarios, los trabajadores, ello significa que toda la sociedad también lo está. Notable, sobre todo porque es evidente que lo que sucede es que los políticos no quieren aceptar ellos el coste de una reforma que les puede perjudicar electoralmente, y por tal razón impulsan un sistema de reparto cuya “viabilidad” estriba en obligar a los trabajadores a pagar más cotizaciones y/o a los pensionistas a cobrar menos prestaciones. ¡Y se dan el lujo de cuestionar la viabilidad de un sistema libre!

Lo de Griñán es aún más patético, porque ni siquiera alude a la unanimidad política: directamente supone lo que los españoles quieren, obviamente sin haberles preguntado nada. Pero Griñán, un antiguo enemigo de la libertad, desprecia la clave de la sociedad abierta, que nunca pasa por objetivos comunes -propios de tribus- sino por reglas comunes; de ahí que ignore olímpicamente el Estado de Derecho y la venerable idea de que el poder político existe para proteger y no usurpar las libertades ciudadanas: él conoce los “objetivos prioritarios” de los españoles, y actuará en consecuencia. Temblad, malditos.

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