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EURO-PESETA

Nueve asociaciones de consumidores denuncian el redondeo al alza en los aparcamientos

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), junto a otras nueve asociaciones de consumidores, automovilistas, empresarios y vecinos, ha lanzado una campaña contra el redondeo al alza en los aparcamientos, lo que considera una "mala práctica" que está llevando al "enriquecimiento injusto" de estas empresas.

L D (EFE) La campaña, definida por Ausbanc como un intento de la sociedad civil por organizarse contra este "abuso", tendrá como consecuencia la denuncia formal de los hechos ante el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Dirección General de Consumo, el Instituto Nacional de Consumo, las direcciones generales de Consumo de las Autonomías y ante veinte ayuntamientos, entre ello Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla. Para explicar la campaña, los portavoces de estas asociaciones dijeron que los aparcamientos públicos o privados tiene tarifas con pagos fraccionados por hora o media hora, como mínimo, y no por los minutos exactos de uso, por lo que da lo mismo utilizar una plaza de aparcamiento 10, 15 o 20 minutos, ya que cobrarán la fracción de 30 minutos.

En opinión de Automovilistas Europeos Asociados, otra de las organizaciones que se sumaron a esta campaña, las empresas de aparcamiento deben utilizar las nuevas tecnologías para medir el tiempo de uso del aparcamiento y para dotarse de la infraestructura necesaria para un pago rápido. Los portavoces de las asociaciones de consumidores (FUCI, UCE, CECU, AACCU) calificaron de "injusticia" lo que se está haciendo, al tiempo que aseguraron que "el consumidor está cansado de pagar siempre".

En este momento se tramita en el Parlamento una Ley de Aparcamiento que habla de información y de libertad de mercado, punto en el que las organizaciones denunciantes expresaron que los aparcamiento pueden cobrar lo que quieran, en alusión a la libertad de precios, pero sólo por el tiempo de servicio usado. Los promotores de la campaña piden actuaciones de inspección para vigilar la adecuación a la legalidad vigente y medidas para que los contratos de concesión no contengan cláusulas que sitúen a los consumidores en posición de desequilibrio.

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