L D (Agencias) Según un informe de los servicios jurídicos de la patronal eléctrica Unesa, el anteproyecto de Ley de protección de la calidad de suministro eléctrico en Extremadura y el Decreto 129/2001, de 4 de diciembre de la Generalidad catalana "incurren en un vicio de inconstitucionalidad", por contravenir los artículos de la Constitución que consagran el principio de unidad de mercado en el sector eléctrico. La Generalidad sancionó, en virtud de su normativa sobre suministro, con multas valoradas en 6 millones de euros a Fecsa-Endesa por los apagones registrados en Cataluña el pasado mes de diciembre.
La patronal recuerda que en el caso de la normativa catalana, que es de carácter reglamentario y que ya está promulgada, el Ejecutivo tiene facultad para "plantear un conflicto positivo de competencias a la comunidad autónoma" si considera que una disposición o resolución autonómica no respeta el orden de competencias. El Gobierno, que ya ha anunciado que estudia recurrir esta normativa, envió la semana pasada a la Generalitat un requerimiento para recordarle que la calidad del suministro eléctrico es competencia estatal.
Para la asociación, una de las manifestaciones del principio de unidad de mercado es la atribución "exclusiva y excluyente" al Gobierno -con la colaboración de las comunidades autónomas, pero no éstas de forma independiente- de la competencia o potestad de regular la materia de la calidad del suministro conforme al artículo 10 de la Ley 54/1997. A juicio de Unesa, "esta conclusión determina, por tanto, la inconstitucionalidad del decreto de la Generalidad catalana y del Anteproyecto de Ley Extremeño, en todo aquello que se separen de la normativa estatal".
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La patronal recuerda que en el caso de la normativa catalana, que es de carácter reglamentario y que ya está promulgada, el Ejecutivo tiene facultad para "plantear un conflicto positivo de competencias a la comunidad autónoma" si considera que una disposición o resolución autonómica no respeta el orden de competencias. El Gobierno, que ya ha anunciado que estudia recurrir esta normativa, envió la semana pasada a la Generalitat un requerimiento para recordarle que la calidad del suministro eléctrico es competencia estatal.
Para la asociación, una de las manifestaciones del principio de unidad de mercado es la atribución "exclusiva y excluyente" al Gobierno -con la colaboración de las comunidades autónomas, pero no éstas de forma independiente- de la competencia o potestad de regular la materia de la calidad del suministro conforme al artículo 10 de la Ley 54/1997. A juicio de Unesa, "esta conclusión determina, por tanto, la inconstitucionalidad del decreto de la Generalidad catalana y del Anteproyecto de Ley Extremeño, en todo aquello que se separen de la normativa estatal".
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