Aunque parezca increíble, el gobierno argentino sigue sin presentar un plan económico mínimamente viable. Dos meses más perdidos. Mientras, la actividad continúa reduciéndose. En la medida en que los datos de ingresos fiscales sean un buen índice de coyuntura, es posible que el PIB se haya reducido un 20% sobre las mismas fechas del año anterior. Y lo lógico es que siga disminuyendo, porque el mantenimiento de la congelación de depósitos bancarios –el corralito– priva casi absolutamente de liquidez a la economía argentina. El sistema financiero, en la práctica, no existe, y sin sistema financiero la economía de cualquier país se limita al trueque; una actividad, en definitiva, marginal.
El que el tipo de cambio del peso con el dólar USA se haya estabilizado en torno a dos por uno no es una muestra de confianza de los tenedores de pesos, sino el reflejo de que no hay, tampoco, pesos en billetes en cantidad suficiente. Recuérdese que, hasta hace poco, el banco central no podía emitir ningún peso sin el respaldo de dólares en la misma cantidad en las reservas oficiales. Una vez rota la ley de convertibilidad, teóricamente, podrían haberse emitido una cantidad ilimitada de pesos en billetes, pero la normativa recientemente aprobada fija en 3.100 millones de pesos la cantidad que puede imprimir el banco central. Una cifra insuficiente para compensar la congelación de depósitos. El gobierno, obviamente, no se ha atrevido a ir más allá, por temor a que le acusen de irresponsable, a que el tipo de cambio con el dólar se desplome, multiplicando, de paso, el peso de la deuda exterior, mayoritariamente denominada en dólares, en relación al PIB y al temor a aumentos significativos de los precios interiores.
La actividad gubernamental en este tiempo se ha limitado a imponer un impuesto a la exportación y venta de petróleo y productos derivados, a anunciar un impuesto especial sobre las empresas privatizadas que han tenido beneficios en el pasado, y a proponer, también, otro impuesto a la exportación de todo tipo de mercancías. Por su parte, el parlamento ha aprobado una nueva ley de quiebras que ha tenido que vetar parcialmente el Presidente Duhalde, porque una serie de artículos resultaban intolerables para el FMI. En relación con el impuesto especial sobre los beneficios de las empresas se ha ofrecido en los últimos días un nuevo argumento: que la conversión de sus deudas bancarias al tipo de uno por uno les ha supuesto unos beneficios extraordinarios que, ahora, deben, en parte, devolver. Una prueba más del disparate de convertir el activo de los bancos al tipo de uno por uno y el pasivo al de 1,40 por uno. Una decisión que, además de quebrar, aún más, el sistema financiero, beneficia injustamente a los deudores de los bancos, a los que ahora, en parte, se les quiere hacer pagar.
Simultáneamente, el gobierno ha intentado prohibir, arbitrariamente, la inevitable subida de precios de bienes y servicios ligados a las importaciones y se enfrenta con la primera quiebra declarada de una entidad financiera, la del banco de Galicia. Para terminar con la actividad gubernamental habría que mencionar, igualmente, una mínima ampliación del “corralito”, un acuerdo entre el Estado Central y las provincias para limitar el gasto público –que puede parecer un esfuerzo ímprobo para la clase política argentina, pero que es una muestra de su incapacidad para superar la actual situación– y la aprobación de un presupuesto para 2002 en las próximas horas, con la peculiaridad de que resultan poco creíbles los ingresos previstos y el tamaño del déficit adelantado.
Y eso es todo. Porque la acción sólo comenzará cuando lo hagan las reuniones con la misión del FMI. Una misión recién constituida, prematuramente en mi opinión, en la que tienen mucho que decir los expertos que la componen, que han aprendido cómo resolver la quiebra de sistemas financieros, el fenómeno característico de las crisis de muchos países del sudeste asiático, que es, aunque no lo parezca, una repetición, a su vez, de la quiebra financiera japonesa. A lo que hay que añadir –cambiando de tema– que se siguen acumulando evidencias de que la economía china, si se para, arrastrará, también, al sistema financiero; lo que amplificará cualquier problema económico interno.
Es de esperar que el FMI no ceda a las presiones del gobierno argentino y a la de los gobiernos de muchos países acreedores, que prefieren un mal acuerdo rápido a la actual situación, que es evidente que afecta negativamente a muchas empresas multinacionales. El único elemento de tranquilidad para la población argentina son las declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O´Neill, que no parece dispuesto a dar luz verde a un nuevo crédito del FMI al estado argentino, que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, si se atienden las peticiones del gobierno. En los últimos años se han multiplicado las críticas a los macro-créditos de salvamento del FMI. Con razón, porque se ha creado una constelación de países –entre ellos Argentina– que vuelven a suspender pagos y conseguir nuevos créditos del FMI incesantemente, sin acometer, nunca, decisivamente, todas las reformas políticas y económicas necesarias para que pueda funcionar la economía de mercado.
Argentina es un test de credibilidad para el FMI. Ni Rusia ni Turquía tuvieron este carácter, porque razones de carácter estratégico condujeron al gobierno norteamericano a apoyar la firma apresurada de créditos masivos de ayuda para estos países. Esta situación no se da en Argentina. Argentina no es, hoy, un país estratégico, ni política ni económicamente. Podría parecer injusto, pero es, en realidad, una oportunidad para encauzar y redefinir el papel del FMI. Y tampoco es la población argentina, aunque pueda parecer lo contrario, la perjudicada. Es, por el contrario, la única posibilidad que tiene de que se modifique la estructura jurídica del país y se discipline a su clase política.
Sólo cuando hayan entrado en vigor las imprescindibles reformas políticas y se haya consensuado un plan económico sensato, debería disentirse la cuantía y las condiciones de un nuevo crédito, de menor cuantía que el que quiere el gobierno argentino y que debería desembolsarse muy lentamente, a medida que se demuestre la eficacia de las medidas aprobadas.
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