Es comprensible el empeño polanquista en “Cinco Días” y “El País” de salvar las responsabilidades de sus amigos y financieros del antiguo BBV, sea extendiéndolas a Argentaria, sea endosándoselas al Gobierno Aznar. Comprensible, pero inútil. Llega demasiado tarde la Brigada Ekaizer a limpiar de huellas el escenario del crimen y a confundir los rastros que no se puedan borrar. A estas alturas, parece meridianamente claro que la actuación de Francisco González, como presidente de Argentaria, cuando Emilio Ybarra le contó por fin las tenebrosas interioridades (o exterioridades) financieras del BBV, se encaminó a erradicar los delitos, cancelar las deudas y eliminar el cáncer ético y económico que carcomía al Consejo de Administración. Ir al Juzgado de Guardia y cargarse la fusión y al propio BBV hubiera sido un discutible alarde de virtud, financieramente catastrófico. Pero la responsabilidad esencial de todos los desafueros descubiertos empieza y termina en las siglas BBV, incluso después de la fusión con Argentaria, porque las pensiones de los directivos de procedencia BBV se hicieron a espaldas de Francisco González. Por ahí, no queda más que explicar. Y salvo que González haya descubierto por su cuenta algo después de que el Banco de España empezara su inspección, su responsabilidad terminará con la depuración del Consejo del actual BBVA porque, eso sí, los consejeros que hayan estado causando un quebranto grave al patrimonio del banco y a los accionistas es evidente que no pueden seguir en él.
Otra cosa son las responsabilidades del Gobierno. Pero antes conviene alertar sobre la maniobra que el felipismo judicial ha puesto en marcha para frenar y paralizar el proceso de investigación por parte del Banco de España, de la CNMV y -suponemos- de la Agencia Tributaria. Ni bacigalupos, ni villarejos, ni jueces especiales ni justicieros de guardia pueden saltar sobre este caso para llevárselo a un juzgado de los suyos y sustraerlo a la opinión pública, que tiene derecho a conocerlo del todo y con todas las garantías a través de la institución adecuada, que es el Parlamento. Esperemos que la Fiscalía Anticorrupción (ese ente cuyo único acto benéfico sería desaparecer) prescinda de oficiosidades politiqueras o recomendaciones interesadas. Por una vez y para variar.
Y debe cambiar también de inmediato la política del Gobierno sobre este asunto. Caruana debería haber comparecido en el Congreso a petición propia, no a instancias políticas, pero lo que no tiene arreglo en el Caso del Banco de España sí lo tiene en el de Rato y Montoro. En este asunto hay que huir tanto de las “garzonadas” como de las “gescarteradas”. Y el Vicepresidente Económico ha empezado ya como en Gescartera: negando conocer hasta el más pequeño detalle del Informe del Banco de España. Aparte de que resulta inverosímil, sucede que han salido a la luz en los últimos días suficientes aspectos delictivos y delictuosos en las cuentas secretas del BBV como para que el Ministerio de Economía y el de Hacienda deban aclararlos y aclarárnoslos. Tanto Economía y la CNMV en el proceder de los consejeros como la Agencia Tributaria en lo que respecta a sus responsabilidades fiscales han debido emprender ya las averiguaciones oportunas, pero sería deseable que fuera el Gobierno -a petición propia, insistimos- el que diera cuenta en el Parlamento de lo que está haciendo y de lo que piensa hacer. Sería tan estúpido como siniestro que empezáramos a desayunarnos otra vez todos los días con la melopea sociata de los negocios de “los amigos de Aznar”, cuando se trata más bien de “los amigos de González”. De Felipe, no de Francisco.
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