Libertad Digital El jueves por la mañana, la tensión en la Audiencia Nacional entre el juez Baltasar Garzón y el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, alcanzó límites hasta ahora desconocidos. En ese momento, Villarejo ya era consciente de que su intento de implicar al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, en el caso BBV había sufrido un duro revés. El auto de Garzón no deja lugar a las dudas: No accede a la petición de imputar al número dos de Hacienda por no contar todavía con los " elementos mínimos imprescindibles para iniciar una acción que, cuando menos, comporta la carga del proceso penal para el afectado".
El magistrado puntualiza que primero deberá declarar Rodríguez Ponga en la Audiencia Nacional, posteriormente ampliar la declaración del testigo protegido y luego "someter, en su caso, a ambas partes a un careo, luego del análisis de los documentos aportados". El auto añade que "sólo en ese momento podrá decidirse y, a la vista del resultado de las diligencias, si el señor Rodríguez-Ponga tiene o no que ser llamado como imputado". Por si fuera poco, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera que "de las manifestaciones del testigo protegido no se desprenden elementos definitivos o, al menos, indicios, provisionalmente suficientes contra Rodríguez-Ponga, que desvelen una eventual o hipotética comisión de un delito fiscal". Además, cree que "no se aprecia a simple vista la supuesta trascendencia jurídico penal que pudiera tener, según el testigo protegido, la intervención de Rodríguez-Ponga" en la operación "Mercantil Probursa", en México, en la que actuó como asesor fiscal y en la que supuestamente se blanqueó dinero procedente del narcotráfico.
Sin embargo, todas estas argumentaciones no parecen suficientes para Villarejo –emparentado familiarmente con los altos cargos socialistas José Blanco y Trinidad Jiménez–, que ha presentado un recurso contra el auto de imputaciones dictado por Garzón. Aunque Anticorrupción contaba con un plazo de tres días para entregar el recurso de reforma ante el juez Garzón, el fiscal ha preferido presentarlo este viernes, dado que podría ausentarse en los próximos días. De forma sorprendente, la Fiscalía dice haber recurrido la no imputación de Rodríguez-Ponga al considerar necesario que el secretario de Estado de Hacienda pueda defenderse con asistencia letrada de las acusaciones del citado testigo protegido.
La actuación de Villarejo sigue encontrando su único respaldo en el PSOE. Los representantes del PP recomendaron al portavoz del PSOE, Jesús Caldera, que pida disculpas a Rodríguez-Ponga por haberle acusado "con mentiras" de participar en blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Caldera guarda ahora silencio y el relevo lo ha tomado el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico. Juan Fernando López Aguilar dijo que "Rodríguez Ponga lo cierto es que salva su presunción de inocencia, como siempre señalamos los socialistas", pero "lo cierto, también, es que no es el primer secretario de Hacienda puesto por el PP que se ve en la contradicción éticamente insoportable de exigirle a los españoles el pago de obligaciones tributarias después de haber asesorado, en altísimos niveles, de cómo eludir el pago de impuesto".
El magistrado puntualiza que primero deberá declarar Rodríguez Ponga en la Audiencia Nacional, posteriormente ampliar la declaración del testigo protegido y luego "someter, en su caso, a ambas partes a un careo, luego del análisis de los documentos aportados". El auto añade que "sólo en ese momento podrá decidirse y, a la vista del resultado de las diligencias, si el señor Rodríguez-Ponga tiene o no que ser llamado como imputado". Por si fuera poco, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera que "de las manifestaciones del testigo protegido no se desprenden elementos definitivos o, al menos, indicios, provisionalmente suficientes contra Rodríguez-Ponga, que desvelen una eventual o hipotética comisión de un delito fiscal". Además, cree que "no se aprecia a simple vista la supuesta trascendencia jurídico penal que pudiera tener, según el testigo protegido, la intervención de Rodríguez-Ponga" en la operación "Mercantil Probursa", en México, en la que actuó como asesor fiscal y en la que supuestamente se blanqueó dinero procedente del narcotráfico.
Sin embargo, todas estas argumentaciones no parecen suficientes para Villarejo –emparentado familiarmente con los altos cargos socialistas José Blanco y Trinidad Jiménez–, que ha presentado un recurso contra el auto de imputaciones dictado por Garzón. Aunque Anticorrupción contaba con un plazo de tres días para entregar el recurso de reforma ante el juez Garzón, el fiscal ha preferido presentarlo este viernes, dado que podría ausentarse en los próximos días. De forma sorprendente, la Fiscalía dice haber recurrido la no imputación de Rodríguez-Ponga al considerar necesario que el secretario de Estado de Hacienda pueda defenderse con asistencia letrada de las acusaciones del citado testigo protegido.
La actuación de Villarejo sigue encontrando su único respaldo en el PSOE. Los representantes del PP recomendaron al portavoz del PSOE, Jesús Caldera, que pida disculpas a Rodríguez-Ponga por haberle acusado "con mentiras" de participar en blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Caldera guarda ahora silencio y el relevo lo ha tomado el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico. Juan Fernando López Aguilar dijo que "Rodríguez Ponga lo cierto es que salva su presunción de inocencia, como siempre señalamos los socialistas", pero "lo cierto, también, es que no es el primer secretario de Hacienda puesto por el PP que se ve en la contradicción éticamente insoportable de exigirle a los españoles el pago de obligaciones tributarias después de haber asesorado, en altísimos niveles, de cómo eludir el pago de impuesto".