L D (Agencias)
Las medidas recogidas en el decreto que ha llevado a los sindicatos a convocar la huelga general del 20 de junio conllevarán un coste de 736,9 millones y un ahorro de 965,5 millones de euros. El documento, titulado "Síntesis de la valoración económica de la reforma de los sistemas de protección por desempleo", desglosa el ahorro del Gobierno:
· La obligación del parado de suscribir un compromiso de actividad supondrá un ahorro de 234,4 millones de euros.
· La supresión de los salarios de tramitación, 193,3 millones de euros.
· El cerrar los nuevos accesos al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura hará que el Estado no tenga que pagar otros 133,4 millones de euros.
· 122 millones de ahorro por la incompatibilidad del subsidio con otro tipo de rentas, como la indemnización por despido.
· El establecimiento de lo que es oferta de empleo adecuado ahorrará 93,1 millones de euros.
· La potestad sancionadora del Estado en materia de prestaciones permitirá ahorrar 59,3 millones de euros.
· La reforma de la protección para emigrantes retornados conlleva un ahorro de 43,9 millones de euros.
· La incompatibilización de las vacaciones no disfrutadas con las prestaciones por desempleo proporcionará un ahorro de 41,3 millones.
· Otras medidas, como la limitación de la protección a los fijos discontinuos o la creación del sistema de protección contributiva para los trabajadores del campo de toda España permitirán ahorrar 20,5 millones de euros.
En el otro lado de la balanza se sitúan las medidas que supondrán un incremento de los gastos del Estado. La más costosa es la bonificación de la contratación de mujeres en los dos años posteriores a haber sido madres.
El ampliar los beneficiarios de la renta activa de inserción a los mayores de 45 años, los discapacitados y las mujeres maltratadas costará 123,4 millones de euros, mientras que la modernización de los servicios públicos de empleo supondrá otros 101,9 millones. La dotación de recursos para el Inem y el favorecer la movilidad sectorial y geográfica cierran el capítulo de gastos, con 32,1 y 30 millones de euros, respectivamente.
· La obligación del parado de suscribir un compromiso de actividad supondrá un ahorro de 234,4 millones de euros.
· La supresión de los salarios de tramitación, 193,3 millones de euros.
· El cerrar los nuevos accesos al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura hará que el Estado no tenga que pagar otros 133,4 millones de euros.
· 122 millones de ahorro por la incompatibilidad del subsidio con otro tipo de rentas, como la indemnización por despido.
· El establecimiento de lo que es oferta de empleo adecuado ahorrará 93,1 millones de euros.
· La potestad sancionadora del Estado en materia de prestaciones permitirá ahorrar 59,3 millones de euros.
· La reforma de la protección para emigrantes retornados conlleva un ahorro de 43,9 millones de euros.
· La incompatibilización de las vacaciones no disfrutadas con las prestaciones por desempleo proporcionará un ahorro de 41,3 millones.
· Otras medidas, como la limitación de la protección a los fijos discontinuos o la creación del sistema de protección contributiva para los trabajadores del campo de toda España permitirán ahorrar 20,5 millones de euros.
En el otro lado de la balanza se sitúan las medidas que supondrán un incremento de los gastos del Estado. La más costosa es la bonificación de la contratación de mujeres en los dos años posteriores a haber sido madres.
El ampliar los beneficiarios de la renta activa de inserción a los mayores de 45 años, los discapacitados y las mujeres maltratadas costará 123,4 millones de euros, mientras que la modernización de los servicios públicos de empleo supondrá otros 101,9 millones. La dotación de recursos para el Inem y el favorecer la movilidad sectorial y geográfica cierran el capítulo de gastos, con 32,1 y 30 millones de euros, respectivamente.