L D (EFE) La sentencia del Supremo ha estimado los recursos presentados por el fiscal y por KIO contra el fallo dictado en mayo de 2000 por la Sección Décima de la Audiencia que condenó a De la Rosa a 4 meses de arresto por intento de estafa, pero le absolvió del delito de falsedad en documento mercantil al declararlo prescrito, pese a creer que se cometió. El alto tribunal ha elevado la pena impuesta al financiero y le condena a un 1 año y 4 meses por la falsedad al entender que, independientemente del tiempo transcurrido, no se puede considerar prescrito el delito instrumental (la falsedad) si continúa vivo el delito principal, la estafa, como ocurre en el presente caso. El empresario también ha sido condenado a pagar una multa de 250.000 pesetas y a indemnizar a KIO con una cantidad que se determinará en la ejecución de la sentencia.
De la Rosa, que en principio no deberá ingresar en prisión porque la condena es inferior a dos años, también recurrió buscando la absolución pero el alto tribunal español rechaza los cinco argumentos de su recurso basados en la presunción de inocencia, la indefensión o la apreciación errónea de las pruebas. Esta es la primera condena firme que recibe por vía penal De la Rosa, que estos días se enfrenta en la Audiencia Nacional al juicio por la operación Wardbase, una de las piezas separadas del caso Torras, y por la que el fiscal pide una pena de 10 años de cárcel. El empresario, que tiene otros frentes judiciales abiertos –como el caso Grand Tibidabo, en el que fiscal le pide más de 13 años de cárcel–fue condenado por la vía civil en junio de 1999 por la Corte Comercial de Londres. El tribunal británico le impuso el pago de una indemnización de 96.000 millones de pesetas, tras una reclamación del grupo KIO que le acusaba de descapitalizar al holding kuwaití.
Los hechos de la condena penal confirmada este lunes se remontan, según la sentencia, a marzo de 1992 cuando De la Rosa falsificó u ordenó falsificar mediante fotocopias o sistema informático la firma de dos cartas atribuidas al entonces presidente del grupo KIO, el jeque Fahad Al Sabah. En estas misivas, supuestamente, el grupo Kio se comprometía a adquirir las acciones que Folma y Mira, dos empresas controladas por De la Rosa, poseían en el grupo Torras a cambio de asumir las deudas que tenían las dos sociedades del financiero. De llevarse a cabo la operación se hubiese causado un perjuicio al grupo kuwaití de más de 50.000 millones de pesetas.
Fotocopias de ambas cartas fueron presentadas por De la Rosa en sendas demandas que Folma y Mira presentaron ante los juzgados civiles de Barcelona con el objetivo de reclamar el dinero a KIO por presunto incumplimiento de contrato, con lo que también se intentó una estafa procesal. Además de la discusión sobre la prescripción o no del delito de falsedad, De la Rosa alegó indefensión al asegurar que el tribunal denegó la declaración en juicio del principal testigo, el jefe Al Sabah. Sin embargo, el Supremo dice que no se trata de un caso de denegación de prueba sino de "imposibilidad de su práctica", puesto que el testigo reside en el extranjero y nunca ha respondido a los requerimientos de la justicia española.
De la Rosa, que en principio no deberá ingresar en prisión porque la condena es inferior a dos años, también recurrió buscando la absolución pero el alto tribunal español rechaza los cinco argumentos de su recurso basados en la presunción de inocencia, la indefensión o la apreciación errónea de las pruebas. Esta es la primera condena firme que recibe por vía penal De la Rosa, que estos días se enfrenta en la Audiencia Nacional al juicio por la operación Wardbase, una de las piezas separadas del caso Torras, y por la que el fiscal pide una pena de 10 años de cárcel. El empresario, que tiene otros frentes judiciales abiertos –como el caso Grand Tibidabo, en el que fiscal le pide más de 13 años de cárcel–fue condenado por la vía civil en junio de 1999 por la Corte Comercial de Londres. El tribunal británico le impuso el pago de una indemnización de 96.000 millones de pesetas, tras una reclamación del grupo KIO que le acusaba de descapitalizar al holding kuwaití.
Los hechos de la condena penal confirmada este lunes se remontan, según la sentencia, a marzo de 1992 cuando De la Rosa falsificó u ordenó falsificar mediante fotocopias o sistema informático la firma de dos cartas atribuidas al entonces presidente del grupo KIO, el jeque Fahad Al Sabah. En estas misivas, supuestamente, el grupo Kio se comprometía a adquirir las acciones que Folma y Mira, dos empresas controladas por De la Rosa, poseían en el grupo Torras a cambio de asumir las deudas que tenían las dos sociedades del financiero. De llevarse a cabo la operación se hubiese causado un perjuicio al grupo kuwaití de más de 50.000 millones de pesetas.
Fotocopias de ambas cartas fueron presentadas por De la Rosa en sendas demandas que Folma y Mira presentaron ante los juzgados civiles de Barcelona con el objetivo de reclamar el dinero a KIO por presunto incumplimiento de contrato, con lo que también se intentó una estafa procesal. Además de la discusión sobre la prescripción o no del delito de falsedad, De la Rosa alegó indefensión al asegurar que el tribunal denegó la declaración en juicio del principal testigo, el jefe Al Sabah. Sin embargo, el Supremo dice que no se trata de un caso de denegación de prueba sino de "imposibilidad de su práctica", puesto que el testigo reside en el extranjero y nunca ha respondido a los requerimientos de la justicia española.