El Senado y la Cámara de Representantes hicieron todo lo posible para demostrar su deseo de castigar los fraudes: no sólo que se pusieron de acuerdo en cuestión de horas, sino que el voto fue casi unánime. El presidente Bush no se quedó atrás y anunció que firmaría la ley, incluso antes de que los senadores votaran.
Tanta celeridad parecería indicar que hay un amplio consenso en la necesidad de controlar las empresas, pero la única coincidencia es el deseo de satisfacer a la población en busca de culpables por la pérdida de sus ahorros y que en poco más de tres meses habrá de elegir un nuevo congreso.
Ni el presidente Bush ni muchos legisladores republicanos creen que la ley sea buena para la economía ni para impedir muchos fraudes: Temen que provoque toda una cascada de nuevos pleitos que enriquecerán más aún a los abogados sin compensar satisfactoriamente a las víctimas. También les preocupa el costo adicional que las empresas –y con ellas toda la economía- tendrá que cargar por las nuevas medidas, pero resistirse habría sido dar potentes municiones demagógicas a sus rivales demócratas.
La situación ha influido probablemente en la errática conducta de Wall Street: el pequeño inversor tal vez reaccionó con entusiasmo a la perspectiva de “hacer pagar” al empresario, pero tras la euforia popular viene la reacción empresarial por los costos y riesgos adicionales que, inevitablemente, erosionan los beneficios y repercuten en las carteras de los pequeños inversores.
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