Durante los últimos meses los argentinos nos hemos acostumbrado a todo tipo de protestas, la mayoría de las cuales se realizan en áreas públicas, tales como calles y plazas de la ciudad o las rutas. Se presenta así una situación de conflicto: el uso de la propiedad pública ha de ser reglamentado porque no podemos usarla todos para lo que se nos ocurra.
Tradicionalmente las rutas son para trasladarse de una localidad a otra, las calles para transitar en las ciudades y las plazas para paseos y descanso. El gobierno ha aceptado ahora que son para protestar y que tal derecho a usarlas tiene prioridad con relación a los que quieren trasladarse o transitar.
Es decir, hay un derecho a utilizar la propiedad pública para protestar y éste es más importante que los otros usos que se le puedan dar. Hay otros derechos que los políticos argentinos han venido prometiendo a la gente: al trabajo, a una vivienda, a alimentos, a vestimenta, a la salud, etc.
Originalmente, los gobiernos no prometían tales cosas, sino que se ocupaban de que se respetara el derecho de la gente a aplicar sus mejores esfuerzos en conseguirlos. Así, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Nacional de 1853 establece el "derecho a trabajar", es decir, que a nadie se le impida hacerlo (incluyendo por supuesto al gobierno que lo recarga de impuestos), pero no que hay la obligación de conseguirle empleo a alguien en particular.
Pero tanto se le ha prometido a la gente estas cosas que cuando se torna evidente la imposibilidad del estado para cumplirlo, entonces vienen las protestas, ¡pues tenemos un derecho!
Y como se sabe que el estado no responde, habrá que ir directamente a quienes pensemos que tienen suficiente dinero como para pagar por tales cosas. Es así como en la ciudad de Comodoro Rivadavia un grupo de desempleados ocupó una planta petrolera de Repsol-YPF exigiendo que la empresa les diera 750 puestos de trabajo. El conflicto llegó a tal punto que los ocupantes amenazaron con volar la planta, abriendo los grifos del combustible y atándose ellos mismos a las válvulas de salida. Las escuelas del barrio dejaron en libertad a los padres para que se llevaran a sus hijos, una forma suave de advertirles a los manifestantes que lo hagan.
Quiere decir que ahora nos encontramos con una exigencia, no ya contra las autoridades del estado que han sido las causantes de la catastrófica situación que vive Argentina y que condena a muchos al desempleo y el hambre, sino contra empresas privadas que se suponen que tienen dinero para satisfacer las demandas no cumplidas por el gobierno.
Unos días atrás, un grupo de maleantes tomó rehenes en un supermercado que estaban asaltando hasta que finalmente se rindieron a la policía. Es decir, ocuparon una propiedad privada y querían obtener algo que pertenecía a su propietario.
¿Cuál es la diferencia entre esa situación y la otra? No se trata de la necesidad, ya que en ambos casos la motivación del acto podría claramente ser el hambre. La diferencia es "el derecho". En el caso del supermercado, quienes lo tomaron sabían lo que estaban robando y no les extrañó que la policía viniera a buscarlos. Pero en Comodoro Rivadavia están demandando por un "derecho" que los mismos políticos repetidamente les han prometido. Así que luego de tanto hablar de derechos y de incluirlos en toda nueva constitución que se dicta, el tema regresa a manos del gobierno.
Martín Krause es profesor de Economía y corresponsal de la agencia AIPE en Buenos Aires.
© AIPE
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