LD (EFE) La medida afectará al Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), al Santander Central Hispano (SCH), a Telefónica, a Repsol YPF y a Endesa, que, salvo esta última entidad, ya han confirmado oficialmente que cumplirán con las nuevas exigencias de la SEC. Las nuevas medidas, que regirán para todas las empresas con una capitalización superior a 75 millones de dólares, sean o no estadounidenses, tienen por objeto aumentar la transparencia y diligencia de los informes contables de las empresas.
La nueva ley Sarbanes-Oxley exige que los informes financieros trimestrales se entreguen en 35 días y los anuales se presenten en los 60 días posteriores al final del ejercicio, cuando antes los plazos eran de 45 y 90 días, respectivamente. Según un portavoz oficial del SCH, la entidad cumplirá con lo prescrito en la nueva normativa, si bien señaló que, en lo referente a los nuevos plazos establecidos, su operativa habitual se ajusta ya a ellos.
La nueva normativa también obliga a las empresas a jurar la veracidad de las cuentas por parte de los consejeros delegados o directores financieros de las empresas que, en el caso de no hacerlo, serán castigados con multas de hasta cinco millones de dólares y hasta 20 años de cárcel. Otra de las novedades de esta ley es que los directivos de las compañías no podrán vender sus acciones durante determinados períodos y no podrán recibir préstamos de sus propias compañías. Además, los ejecutivos deberán informar a la SEC de las operaciones de compraventa de acciones en dos jornadas bursátiles, cuando hasta ahora el plazo era de 40 días, o incluso superior al año en el caso de operaciones realizadas dentro de la propia compañía.
Estas nuevas reglas no sólo afectarán a las empresas estadounidenses, sino que también obligarán a las compañías extranjeras que cotizan en los mercados de Estados Unidos. La Comisión Europea ha criticado duramente la aplicación de estas normas a las empresas europeas, ya que considera que sólo debería afectar a las compañías estadounidenses. Con estas nuevas reglas, la SEC pretende aumentar la transparencia empresarial y devolver la confianza a los inversores, después de los malas prácticas contables llevadas a cabo por algunas empresas para maquillar su estado financiero.
La nueva ley Sarbanes-Oxley exige que los informes financieros trimestrales se entreguen en 35 días y los anuales se presenten en los 60 días posteriores al final del ejercicio, cuando antes los plazos eran de 45 y 90 días, respectivamente. Según un portavoz oficial del SCH, la entidad cumplirá con lo prescrito en la nueva normativa, si bien señaló que, en lo referente a los nuevos plazos establecidos, su operativa habitual se ajusta ya a ellos.
La nueva normativa también obliga a las empresas a jurar la veracidad de las cuentas por parte de los consejeros delegados o directores financieros de las empresas que, en el caso de no hacerlo, serán castigados con multas de hasta cinco millones de dólares y hasta 20 años de cárcel. Otra de las novedades de esta ley es que los directivos de las compañías no podrán vender sus acciones durante determinados períodos y no podrán recibir préstamos de sus propias compañías. Además, los ejecutivos deberán informar a la SEC de las operaciones de compraventa de acciones en dos jornadas bursátiles, cuando hasta ahora el plazo era de 40 días, o incluso superior al año en el caso de operaciones realizadas dentro de la propia compañía.
Estas nuevas reglas no sólo afectarán a las empresas estadounidenses, sino que también obligarán a las compañías extranjeras que cotizan en los mercados de Estados Unidos. La Comisión Europea ha criticado duramente la aplicación de estas normas a las empresas europeas, ya que considera que sólo debería afectar a las compañías estadounidenses. Con estas nuevas reglas, la SEC pretende aumentar la transparencia empresarial y devolver la confianza a los inversores, después de los malas prácticas contables llevadas a cabo por algunas empresas para maquillar su estado financiero.