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CANAL SATÉLITE-VÍA DIGITAL

(21-08-02) Rajoy desautoriza a Piqué por "adelantar acontecimientos" sobre las plataformas digitales

El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, dijo que el Ejecutivo aprobará la absorción de Vía Digital por Sogecable siempre que no se produzca una situación de monopolio en las retransmisiones del fútbol y en la compra de cine. Sin embargo, Mariano Rajoy le corregía: “Ningún miembro del Gobierno debe adelantar acontecimientos”.

(Libertad Digital) Una vez más, los miembros del Gobierno no parecen ponerse de acuerdo sobre la absorción de Vía Digital por parte de Sogecable. Esta vez ha sido el vicepresidente, Mariano Rajoy, quien ha corregido al ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ya que, a juicio de Rajoy, adelantaba acontecimientos. Según el vicepresidente, el Ejecutivo no debe “condicionar” a los órganos que desde el punto de vista técnico van a analizar este asunto.

Horas antes y en una entrevista a Europa Press , Piqué recordaba que, aunque hay otras alternativas tecnológicas a la televisión de pago, como la televisión digital terrestre, las plataformas por satélite tienen el 80 por ciento del mercado. En este sentido, pedía una reflexión sobre la labor de “carrier”, a fin de que otras alternativas a la televisión digital por satélite puedan presentar sus ofertas por esta plataforma única. Además, el ministro llamaba la atención sobre la posibilidad de que uno de los accionistas de la plataforma fusionada sea al mismo tiempo dominante en el sector de las líneas ADSL, o que pueda haber participaciones cruzadas en diferentes ofertas de TV, tanto privadas en abierto como de pago.

El informe sobre la unión de las dos plataformas digitales españolas ha sido remitido por Bruselas al Ejecutivo español. La Comisión Europea considera que la “fusión amenaza con provocar efectos contrarios a la competencia en ciertos mercados españoles”, por lo que debe ser evaluada por las autoridades españolas ”de acuerdo con la legislación sobre competencia de dicho Estado”. El informe tendrá que pasar primero por el Servicio de Defensa de la Competencia, después por el Tribunal de Defensa de la competencia y, por último, será el Gobierno el que decida. El plazo es de cuatro meses.
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