(Libertad Digital) La Audiencia Nacional tiene previsto dar un paso más en la investigación de las presuntas irregularidades en los fondos de formación continua. Tras el paréntesis del verano, la juez Teresa Palacios retomará la investigación de este caso. De momento, y según informa La Razón , la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a buscar las conexiones entre las irregularidades de los cursos de formación de Andalucía y Comunidad Valenciana para poder agrupar en una sola causa las investigaciones que se están realizando sobre presuntos fraudes en los cursos de formación de UGT en Valencia, Málaga y Cádiz.
Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, solicitó a la juez Teresa Palacios que tomase declaración a 50 testigos para aclarar adónde han ido a parar las ayudas de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), tras una denuncia que se presentó en Cádiz el pasado 10 de julio. Las pesquisas comenzaron a raíz de las presuntas irregularidades detectadas por una oficina del INEM. A partir de ese momento, la Brigada de Inspección de la Seguridad Social y la Policía Nacional iniciaron una investigación que podría desvelar la existencia de un fraude de 630 millones de euros sobre las subvenciones de la UE para la organización de cursos.
Cádiz, el primer caso
Según se denunció en Cádiz, los alumnos que debían participar en un curso de hostelería recibieron su diploma sin haber acudido siquiera a las clases. En este caso, las sospechas se centraron en dos empresas, Foryser Asociados y Foryfro. Ambas figuran en el registro mercantil a nombre de Francisco Romero, hermano de Manuel Romero, ex secretario general de FETE-UGT de Cádiz. Al parecer, el 3 por ciento de las subvenciones se utilizaban para pagar una auditoría externa y el resto se repartía entre las empresas gestoras de los cursos, que se embolsaban cerca del 90 por ciento, y la Federación, que obtenía un 10 por ciento.
La consecuencia más inmediata de este presunto fraude ha sido que la UGT ha congelado, por el momento, el pago de fondos de formación de cursos de 2001 a cerca de un millar de academias hasta auditar los cursos impartidos y tener la certeza de que no se han cometido irregularidades. Sin embargo, las gestoras de los cursos aseguran que se trata de una excusa del sindicato y algunas se plantean presentar una denuncia.
Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, solicitó a la juez Teresa Palacios que tomase declaración a 50 testigos para aclarar adónde han ido a parar las ayudas de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), tras una denuncia que se presentó en Cádiz el pasado 10 de julio. Las pesquisas comenzaron a raíz de las presuntas irregularidades detectadas por una oficina del INEM. A partir de ese momento, la Brigada de Inspección de la Seguridad Social y la Policía Nacional iniciaron una investigación que podría desvelar la existencia de un fraude de 630 millones de euros sobre las subvenciones de la UE para la organización de cursos.
Cádiz, el primer caso
Según se denunció en Cádiz, los alumnos que debían participar en un curso de hostelería recibieron su diploma sin haber acudido siquiera a las clases. En este caso, las sospechas se centraron en dos empresas, Foryser Asociados y Foryfro. Ambas figuran en el registro mercantil a nombre de Francisco Romero, hermano de Manuel Romero, ex secretario general de FETE-UGT de Cádiz. Al parecer, el 3 por ciento de las subvenciones se utilizaban para pagar una auditoría externa y el resto se repartía entre las empresas gestoras de los cursos, que se embolsaban cerca del 90 por ciento, y la Federación, que obtenía un 10 por ciento.
La consecuencia más inmediata de este presunto fraude ha sido que la UGT ha congelado, por el momento, el pago de fondos de formación de cursos de 2001 a cerca de un millar de academias hasta auditar los cursos impartidos y tener la certeza de que no se han cometido irregularidades. Sin embargo, las gestoras de los cursos aseguran que se trata de una excusa del sindicato y algunas se plantean presentar una denuncia.