LD (EFE) La alta instancia judicial europea considera que no debe pronunciarse sobre las decisiones de la Comisión, ya que "su control debe limitarse a examinar si la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación durante un primer examen". No obstante, el Tribunal comunitario sí se pronuncia sobre el argumento empleado por las Diputaciones Forales, que se quejaron de que Bruselas había puesto en tela de juicio su competencia normativa propia.
Los jueces comunitarios recordaron que la Comisión había calificado estas medidas fiscales de selectivas, y por tanto posibles ayudas de Estado ilegales, pero no porque se aplicaran sólo a una parte del territorio español, sino por favorecer a determinadas empresas o producciones. "Los Territorios Históricos vascos no pueden, pues, afirmar que las decisiones impugnadas ponen en tela de juicio su competencia normativa para adoptar dichas medidas fiscales", afirma el Tribunal.
Los beneficios fiscales investigados por la Comisión consisten en la concesión de un crédito fiscal del 45 por ciento del importe de las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas y en una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades para las empresas de nueva creación. Las medidas estuvieron en vigor en Alava desde 1995 hasta 1999 y desde 1997 también en Guipúzcoa y Vizcaya.
Los jueces comunitarios recordaron que la Comisión había calificado estas medidas fiscales de selectivas, y por tanto posibles ayudas de Estado ilegales, pero no porque se aplicaran sólo a una parte del territorio español, sino por favorecer a determinadas empresas o producciones. "Los Territorios Históricos vascos no pueden, pues, afirmar que las decisiones impugnadas ponen en tela de juicio su competencia normativa para adoptar dichas medidas fiscales", afirma el Tribunal.
Los beneficios fiscales investigados por la Comisión consisten en la concesión de un crédito fiscal del 45 por ciento del importe de las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas y en una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades para las empresas de nueva creación. Las medidas estuvieron en vigor en Alava desde 1995 hasta 1999 y desde 1997 también en Guipúzcoa y Vizcaya.