(Libertad Digital)
El citado informe fue solicitado por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo el 13 de agosto, tras las informaciones aparecidas en España sobre la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre presuntos fraudes en cursos de formación continua gestionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Según publica el diario ABC , el informe elaborado por el propio INEM explica el funcionamiento de los cursos de formación continua en nuestro país y los mecanismos de control que se aplican desde el III Acuerdo Nacional (2001-2004). De acuerdo con el Plan de Seguimiento y Control, el número de planes formativos afectados por el presunto fraude se relaciona con 26 expedientes, lo que representa el 0,52% del total de planes aprobados, con un coste de 15,55 millones de euros. No obstante, el informe advierte que la investigación sigue abierta.
El Gobierno asegura que el Plan de Seguimiento y Control realizó sus acciones de control “en tiempo real” personándose en el lugar donde se impartía el curso en el momento de la realización del mismo y una vez realizados los cursos, antes de efectuar la liquidación de la ayuda. Además de estos mecanismos, también se realizó un cruce de datos identificativos de los solicitantes y empresas con las bases de datos del INEM, la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia de Administración Tributaria.
Según el funcionamiento en la concesión de las ayudas europeas, las mismas no se ejecutan hasta que existe un informe favorable, por lo que todo el dinero comunitario destinado a España para atender planes de formación no se ve afectado por las irregularidades que hayan podido ser detectadas y que investiga la Audiencia Nacional.
Según publica el diario ABC , el informe elaborado por el propio INEM explica el funcionamiento de los cursos de formación continua en nuestro país y los mecanismos de control que se aplican desde el III Acuerdo Nacional (2001-2004). De acuerdo con el Plan de Seguimiento y Control, el número de planes formativos afectados por el presunto fraude se relaciona con 26 expedientes, lo que representa el 0,52% del total de planes aprobados, con un coste de 15,55 millones de euros. No obstante, el informe advierte que la investigación sigue abierta.
El Gobierno asegura que el Plan de Seguimiento y Control realizó sus acciones de control “en tiempo real” personándose en el lugar donde se impartía el curso en el momento de la realización del mismo y una vez realizados los cursos, antes de efectuar la liquidación de la ayuda. Además de estos mecanismos, también se realizó un cruce de datos identificativos de los solicitantes y empresas con las bases de datos del INEM, la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia de Administración Tributaria.
Según el funcionamiento en la concesión de las ayudas europeas, las mismas no se ejecutan hasta que existe un informe favorable, por lo que todo el dinero comunitario destinado a España para atender planes de formación no se ve afectado por las irregularidades que hayan podido ser detectadas y que investiga la Audiencia Nacional.