L D (EFE) El fiscal Anticorrupción adscrito al caso Torras, Salvador Viada, afirmó que "la falta de escrúpulos" del financiero catalán Javier de la Rosa, para el que pide diez años de cárcel por la operación Wardbase, "no ha tenido límites". Concretamente, esta operación investiga el pago en 1992 de 1.900 millones de pesetas a Manuel Prado y Colón de Carvajal, procedentes del Grupo Torras -filial de KIO y del que De la Rosa era vicepresidente- a través de la sociedad pantalla Wardbase.
Según el fiscal, De la Rosa "ha falsificado todo lo que le ha hecho falta" y "ha involucrado y puesto como pantalla al Jefe del Estado", sobre el que "ha vertido numerosas calumnias", todo ello con el objetivo de intentar justificar la disposición de "un dinero robado". En opinión del fiscal, De la Rosa y Prado y Colón de Carvajal, también acusado en este juicio, se pusieron de acuerdo para sustraer dinero del Grupo Torras, por lo que el diplomático es "cooperador" y "encubridor" del delito, aunque no fuera él quien defraudara directamente a la compañía.
En concreto, Viada asegura que la defensa de Prado y Colón de Carvajal "ha seguido una línea mucho más coherente" que la de De la Rosa, pero "su versión es bastante incoherente", ya que asegura que el pago responde a un negocio privado entre ellos y no ha sido capaz de aportar ni un sólo documento que acredite esta deuda. En el caso de Prado y Colón de Carvajal, Viada pide prisión menor durante cuatro años y dos meses y que indemnice al Grupo Torras con 1.900 millones de pesetas, más los intereses legales desde la fecha de la sustracción, hace ya más de diez años.
Según el fiscal, De la Rosa "ha falsificado todo lo que le ha hecho falta" y "ha involucrado y puesto como pantalla al Jefe del Estado", sobre el que "ha vertido numerosas calumnias", todo ello con el objetivo de intentar justificar la disposición de "un dinero robado". En opinión del fiscal, De la Rosa y Prado y Colón de Carvajal, también acusado en este juicio, se pusieron de acuerdo para sustraer dinero del Grupo Torras, por lo que el diplomático es "cooperador" y "encubridor" del delito, aunque no fuera él quien defraudara directamente a la compañía.
En concreto, Viada asegura que la defensa de Prado y Colón de Carvajal "ha seguido una línea mucho más coherente" que la de De la Rosa, pero "su versión es bastante incoherente", ya que asegura que el pago responde a un negocio privado entre ellos y no ha sido capaz de aportar ni un sólo documento que acredite esta deuda. En el caso de Prado y Colón de Carvajal, Viada pide prisión menor durante cuatro años y dos meses y que indemnice al Grupo Torras con 1.900 millones de pesetas, más los intereses legales desde la fecha de la sustracción, hace ya más de diez años.