LD (EFE) El fiscal de vigilancia penitenciaria de Cataluña, con la supervisión del fiscal jefe de Cataluña, Javier Faus, ha presentado el recurso en el que se pide al juez penitenciario que revoque dicho tercer grado para que el financiero cumpla de forma efectiva la pena de un año y 8 meses de prisión que se le impuso por intentar estafar 50.000 millones de pesetas al grupo KIO.
El fiscal basa su oposición al tercer grado, pese a la levedad de las condenas, en que el financiero tiene varias causas pendientes y la semana pasada volvió a ser condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de cárcel por apropiación indebida en el " caso Wardbase ". Otro motivo del recurso es que De la Rosa no ha satisfecho la indemnización de 2'2 millones de euros impuesta por el intento de estafa a KIO por el que fue condenado y encarcelado.
El financiero siempre ha sostenido que no dispone de bienes para pagar sus deudas con la Justicia porque lo tiene todo embargado, pero el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona que lo encarceló considera que el empresario esconde dinero para eludir sus responsabilidades. La Generalitat justificó la concesión del tercer grado en que era la primera condena y era menor, de 20 meses, y negó cualquier trato de favor por el hecho de concederlo tan sólo 22 días después de ingresar en la cárcel de Brians, aduciendo que ese plazo era legal.
El fiscal basa su oposición al tercer grado, pese a la levedad de las condenas, en que el financiero tiene varias causas pendientes y la semana pasada volvió a ser condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de cárcel por apropiación indebida en el " caso Wardbase ". Otro motivo del recurso es que De la Rosa no ha satisfecho la indemnización de 2'2 millones de euros impuesta por el intento de estafa a KIO por el que fue condenado y encarcelado.
El financiero siempre ha sostenido que no dispone de bienes para pagar sus deudas con la Justicia porque lo tiene todo embargado, pero el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona que lo encarceló considera que el empresario esconde dinero para eludir sus responsabilidades. La Generalitat justificó la concesión del tercer grado en que era la primera condena y era menor, de 20 meses, y negó cualquier trato de favor por el hecho de concederlo tan sólo 22 días después de ingresar en la cárcel de Brians, aduciendo que ese plazo era legal.